SANTIAGO.- Una indemnización equivalente a 5.400.000 dólares exigió al Estado chileno la familia de Carmelo Soria, asesinado por los servicios de seguridad durante el gobierno militar.
Soria, español y funcionario de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que tiene su sede en Santiago, fue muerto el 14 de julio de 1976, en la casa que habitaban agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y su cadáver fue abandonado en un cerro de Santiago.
El pago solicitado por los familiares de Soria es por "daños morales y denegación de justicia" porque el caso fue amnistiado en 1996 por la Corte Suprema de Chile al no reconocerle la condición de diplomático como empleado de la CEPAL
