Promulgada ley sobre secreto profesional

La disposición legal -promulgada y publicada hoy en el Diario Oficial- establece la obligación de secreto para quienes remitan información conducente a la ubicación de detenidos desaparecidos.

06 de Julio de 2000 | 10:04 | Orbe
SANTIAGO.- Fue promulgada -con su publicación en el Diario Oficial de hoy- la Ley 19.687 que establece la obligación de secreto para quienes remitan información conducente a la ubicación de detenidos desaparecidos.

La disposición legal, que consta de un artículo único, señala que "los pastores, sacerdotes o ministros de culto de iglesias, confesiones o instituciones religiosas que gocen de personalidad jurídica, los miembros de la Gran Logia de Chile y de la B'nai B'rith de Chile y los integrantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, que dichas instituciones determinen, estarán obligados a mantener reserva únicamente respecto del nombre y los datos que sirvan para identificar a quienes le proporcionen o confíen información útil y conducente para establecer el paradero y destino de los detenidos desaparecidos a que hace referencia el artículo 6 de la Ley 19.123".

La determinación de las personas a que alude el inciso anterior será reservada y deberá contenerse en un registro que deberán llevar las instituciones mencionadas, a cargo de un ministro de fé designado para tal efecto.

Establece que la comunicación, divulgación o revelación del nombre o datos de quienes hayan proporcionado la información a que hace referencia el inciso primero, será sancionada con las penas señaladas en el artículo 247 del Código Penal, según sea el caso.

El deber de reserva que contempla esta disposición será exigible a las personas señaladas en el inciso primero, aún cuando hubiesen perdido las calidades que allí se señalan. Dichas personas se entenderán comprendidas en el número 2 del artículo 201 del Código de Procedimiento Penal.

Lo previsto en esta norma sólo será aplicable respecto de la información que aquellos reciban dentro del plazo de seis meses, contados desde la publicación de la presente ley.

La información que obtengan las personas u organismos a que se refiere el inciso primero de esta ley, será entregada al Presidente de la República a más tardar al vencimiento del plazo de seis meses que establece el inciso quinto.

A la información a que se refiere esta ley no le será aplicable el artículo 11 bis de la Ley 18.575.

El Tribunal Constitucional, a requerimiento de la Cámara de Diputados, emitió un informe mediante el cual señala que el artículo único del proyecto remitido es constitucional.
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