SANTIAGO.- Esta historia se inicia en 1992, cuando el Servicio de Salud Central presenta una denuncia ante la Corte Suprema, "debido a una serie de casas de masajes o prostíbulos que habían sido clausurados por el organismo, al poco tiempo volvían a funcionar".
El ministro Juan Araya lleva la causa instalada en el 20° Juzgado Civil de Santiago, concluyendo que entre 1989 y 1991 "se habían producido alzamientos de medidas de clausura de estos locales de manera irregular, valiéndose para ello del pago a funcionarios judiciales y la falsificación de documentos", se afirma en el libelo acusatorio.
Se procesa a algunas personas por cohecho, pero siguen las denuncias de alzamientos de clausura, las que se concretaban previo pago de $400.000, según afirma Pedro Calderón Olguín, particularmente con las "propiedades de Luis Suárez Merino".
Otros testigos comienzan a nombrar a Correa Bulo como el ministro que llamaba telefónicamente reclamando "por la demora del fallo (de alza de clausura)", de acuerdo a lo sostenido por el juez titular del 20° Juzgado Civil de Santiago.
