SANTIAGO.- La Iglesia Católica de Chile ya ha recibido información sobre la ubicación de posibles cementerios clandestinos donde se encontrarían restos de detenidos desaparecidos y antecedentes que permitirían esclarecer las circunstancia que rodearon sus muertes.
Así lo señaló hoy el Obispo de la ciudad de Linares, monseñor Carlos Camus, al local diario electrónico "Primera Línea".
El avance se logró en el marco de la llamada "Mesa de Diálogo", formada el año pasado a instancias del gobierno y que contó con la participación también de las Fuerzas Armadas y abogados de derechos humanos, con el objetivo primordial de dar con los restos de desaparecidos, calculados en casi 1.200.
A dos meses de cumplirse el plazo fijado por la "Mesa de Diálogo" para recopilar información, monseñor Camus señaló que tras el llamado de la Iglesia a los sacerdotes para contribuir a esta tarea, ya hay múltiples antecedentes que se están haciendo llegar a la Secretaría General del Obispado.
El prelado reconoció que incluso él ha recibido información sobre lugares donde habrían sido inhumados restos de desaparecidos, como también datos sobre el contexto en que fueron detenidos.
Camus enfatizó sin embargo que "muchos cuerpos no se van encontrar, pero al menos hay que informarles a sus familias qué les pasó y darles una respuesta a sus inquietudes".
Sus palabras fueron en referencia a antecedentes que poseen las propias agrupaciones de familiares de desaparecidos, en el sentido que muchos cuerpos fueron lanzados al mar (con el vientre vaciado y cemento en sus extremidades), dinamitados, pulverizados con cal o arrojados a la Cordillera de los Andes o a cráteres de volcanes.
Según el medio chileno, también el Obispo de la ciudad de Punta Arenas, Tomás González, entregó al Poder Judicial la información que recibió -por medio del secreto de confianza- sobre posibles entierros ilegales de prisioneros políticos en el régimen militar (1973-90).
Monseñor González indicó al rotativo que "todos los sacerdotes están recibiendo variados datos que serán entregados a los tribunales, ya que a ellos les corresponde investigar", pues -a su juicio- el proceso conlleva el riesgo de que "no siempre la información es fidedigna".
