Ejercito acusa campaña de desprestigio y amenaza con acciones judiciales

El Ejército chileno denunció hoy una "campaña de desprestigio" en su contra y amenazó con iniciar acciones judiciales contra quienes lesionen "los intereses" de la institución mediante la vinculación de sus miembros con violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar.

20 de Diciembre de 2000 | 21:12 | EFE
Santiago.- El Ejército chileno denunció hoy una "campaña de desprestigio" en su contra y amenazó con iniciar acciones judiciales contra quienes lesionen "los intereses" de la institución mediante la vinculación de sus miembros con violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar.

"El Ejército de Chile considera lesivo a los intereses institucionales que manifestaciones de esta naturaleza intenten afectar a sus reparticiones, unidades e integrantes, ante lo cual se reserva el derecho de iniciar acciones judiciales si lo estimare necesario", afirmó hoy a través de un comunicado oficial. <

La institución acusó que existe una "campaña de desprestigio" hacia sus miembros activos y negó terminantemente las versiones de prensa que han relacionado al director de Inteligencia, general Roberto Arancibia Clavel, con el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez, ocurrido en 1982. <

Roberto Arancibia Clavel es hermano de Enrique Arancibia Clavel, quien fue condenado a cadena perpetua en Argentina como "partícipe necesario" por el asesinato del ex jefe del Ejército chileno Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert.

"No corresponde a la verdad que el actual director de Inteligencia y personal subordinado tengan participación en calidad de cómplices o encubridores, o que hayan efectuado acciones que puedan ser consideradas como obstrucción a la justicia respecto de este caso judicial", manifestó el Ejército.

Junto con negar la participación de sus miembros activos en violaciones a los derechos humanos, la institución recalcó que desarrolla sus funciones y actúa conforme a la legislación vigente, "por lo que no caben interpretaciones acerca de sus procedimientos".

Esta es la primera vez que el Ejército sale en abierta defensa de uno de sus miembros tras la detención de Augusto Pinochet en Londres en 1998 y la activación de varios juicios por violaciones a los derechos humanos en Chile a partir de entonces.

Hasta el momento, su política había sido la de pedir que se respetara la ley de amnistía dictada en 1978 para delitos cometidos entre 1973 y ese año.

Sin embargo, paralelamente colaboraba con los antecedentes solicitados por tribunales para el esclarecimiento de los abusos perpetrados después de esa fecha.

En esa línea, el general Hernán Ramírez Hald, quien fue procesado como cómplice del asesinato de Tucapel Jiménez en noviembre pasado, adelantó su retiro de la institución para no vincularla con la situación judicial que le afecta.

Su actitud fue aplaudida por el presidente Ricardo Lagos, que incluso su reunió con el oficial en el palacio presidencial de La Moneda en noviembre pasado.

Tucapel Jiménez, de 60 años, era el presidente de la Asociación de Empleados Fiscales (ANEF) y organizaba la creación de un frente de oposición amplio al gobierno de Augusto Pinochet cuando fue secuestrado y asesinado por agentes del régimen el 25 de febrero de 1982.

Por este crimen se encuentran procesados los generales en retiro Hernán Ramírez y Fernando Torres Silva, además de una decena de ex oficiales y civiles.

De acuerdo al Informe Rettig, que en 1991 documentó las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la dictadura, el crimen fue cometido por "agentes cercanos a la autoridad de Gobierno" y "bajo su amparo".
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