SANTIAGO.- El ministro en visita Raúl Rocha, que investiga el bloqueo de calles de Santiago, protagonizado por el gremio microbusero los días 12 y 13 de agosto pasados, citó a declarar esta mañana a los cinco dirigentes procesados en el caso.
Hasta el Palacio de Tribunales concurrieron, pasadas las 9:30 de la mañana, los empresarios agrupados en el Consejo Superior del Transporte, Manuel Navarrete, Demetrio Marinakis, Armando Huerta, Marcel Antoine, y Orlando Panza, todos ellos procesados por infringir la Ley de Seguridad del Estado.
El abogado defensor de los imputados, Jorge Ovalle, explicó que sus defendidos asistieron a realizar "diligencias procesales de menor importancia", y para efectuar, además, peritajes caligráficos de algunos documentos que fueron incautados desde sus oficinas.
El profesional señaló que no se atreve a suponer que el Gobierno vaya a retirar el requerimiento por Ley de Seguridad del Estado en contra de los dirigentes, y afirmó que el gremio microbusero está interesado en buscar una solución general "que implique resolver dentro de lo posible, el problema de la movilización de la ciudad, asegurando la eficacia del servicio, la tranquilidad de la ciudad y todo lo que pueda influir en un tranporte más moderno".
Cabe recordar que la Corte de Apelaciones extendió el plazo por 30 días al juez Rocha para que realice las investigaciones pertinentes en el caso, período que concluirá el 13 de octubre próximo.
El lunes pasado, en otra diligencia, acudió a declarar ante el ministro en visita el presidente de la Conatrach, Pedro Monsalve, quien reiteró su denuncia en cuanto a que los empresarios microbuseros se habían concertado para bloquear las principales arterias capitalinas y que incluso, existía un mapa con lo puntos neurálgicos en los cuales se pararían las máquinas.
Hasta el cierre de este despacho, los dirigentes permanecían en el Palacio de Tribunales cumpliendo con los requerimientos del juez Rocha.
Los dirigentes del gremio micrubusero protagonizaron un paro de actividades los días 12 y 13 de agosto pasado, y bloquearon las principales arterias de la capital, en protesta por el Plan de Transporte Urbano impulsado por el Gobierno.
Dada la magnitud de las pérdidas económicas, sumado al caos que se produjo en el tranporte de Santiago, el Gobierno presentó un requerimiento por Ley de Seguridad del Estado contra los cinco dirigentes, quienes fueron procesados y luego encarcelados, durante 13 noches, en el anexo cárcel de Capuchinos, hasta que la Corte de Apelaciones resolvió dejarlos en libertad.
