SANTIAGO.- Un contundente apoyo, tanto de los sectores oficialistas como de la oposición, concitó el paquete de medidas de probidad presentadas por el Ejecutivo en orden a darle mayor transparencia a la administración pública, luego del escándalo de corrupción que ha golpeado a la Concertación y al propio Gobierno.
El ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, acompañado del titular de la Secretaría General de la Presidencia, Mario Fernández, y del director de Presupuestos, Mario Marcel, sostuvo una serie de reuniones durante la mañana con parlamentarios de la Concertación y de la Alianza por Chile para llegar a un acuerdo sobre las iniciativas anticorrupción y las indicaciones a la ley de presupuesto que mañana inicia su discusión en el Congreso.
La primera ronda de conversaciones se efectúo con los senadores de la coalición de Gobierno, Jaime Gazmuri (PS), Hosaín Sabag (DC) y Fernando Flores (PPD); y al mediodía, acudieron al despacho del titular de Hacienda los diputados Pablo Longueira y Jovino Novoa de la UDI; Alberto Cardemil de RN; y los senadores Julio Dittborn (UDI, y José García Ruminot de RN.
Los legisladores de ambos sectores respaldaron las iniciativas presentadas por el Gobierno, las que incluyen el acceso por concurso público a más de 3 mil cargos directivos que son actualmente de libre designación por las autoridades; medidas de control y mayor transparencia sobre los contratos a honorarios; el reforzamiento de la licitación pública para adjudicar contratos de adquisición e inversión pública; la obligación de informar todos los anuncios y resultados de compras sobre las 10 UF, y una limitación absoluta a las remuneraciones de los ejecutivos máximos de las empresas públicas.
Respecto de la iniciativa del Ejecutivo en cuanto a reducir sustantivamente el personal de exclusiva confianza del Presidente de la República, Gazmuri dijo que los parlamentarios habían manifestado su acuerdo a esta medida, que a su juicio es de "gran trascendencia pues nunca en la historia del país se había propuesto un cambio de esta magnitud".
Según el senador del PS, los parlamentarios oficialistas señalaron que de aplicarse esta iniciativa se debe hacer en un plazo breve, de manera de que, de aquí a marzo, "tengamos una modalidad completamente diferente de proveer los cargos de tercer y cuarto nivel de la administración tanto central, como de regiones".
Asimismo, los legisladores de la Concertación se mostraron de acuerdo con las disposiciones tendientes a garantizar remuneraciones adecuadas en los cargos más altos de la administración. La idea -según explicó Gazmuri- es "transparentar una situación que existe, pero que de una u otra manera no está en las leyes. Hemos propuesto extender las medidas de fiscalización y de control no sólo a nivel de la administración central, sino que también de los municipios".
A juicio del parlamentario, es necesario vincular estas modificaciones en la administración, que tienden a una mayor transparencia y control, a toda la esfera de la generación del poder político representativo.
"Le hemos planteado al Gobierno que es indispensable avanzar hoy día en materia de transparentar el financiamiento de campañas y del sistema político. Eso significa transparencia y control del nivel de gastos electorales y financiamiento público para asegurar que haya transparencia en esta área fundamental de la actividad del Estado", sostuvo Gazmuri.
Respecto de la medida propuesta por el Ejecutivo de establecer un control a las remuneraciones de los altos ejecutivos de las empresas públicas, Hosaín Sabag explicó que se trata de mejorar los sueldos de los funcionarios públicos, pues muchos de ellos -según el parlamentario- manejan millones de dólares y tienen una remuneración de 1 millón 300 mil pesos.
"Por eso es que muchas veces se les buscaba alguna manera de adicionarle alguna remuneración. Lo que se pretende ahora es sincerar la remuneración de estos altos ejecutivos", explicó Sabag, quien agregó que hace años atrás el Congreso aprobó una ley que regularizaba toda esta situación, y el Tribunal Constitucional la declaró discriminatoria, por lo que nunca se pudo aplicar.
Los parlamentarios plantearon además su pleno apoyo con la propuesta de la oposición en cuanto a darle urgencia al reemplazo de los funcionarios de tercer y cuarto nivel que actualmente son designados por las autoridades.
Sin embargo, Gazmuri planteó al ministro de Hacienda que se le otorgue celeridad no sólo a los reemplazos sino que a la iniciativa en su conjunto, la que consiste en designar a 3 mil cargos directivos mediante concurso público. La idea, según Gazmuri, es aprobar el proyecto antes de enero, de manera que pueda operar a partir de marzo y abril.
Cardemil: "Medidas van en la dirección correcta"
En tanto, el diputado Alberto Cardemil sostuvo que las ideas propuestas por el Ejecutivo "van en la dirección correcta", pero que es necesario reforzarlas y hacerlas más concretas, de manera que en su conjunto "vayan dando la línea de lo que el país necesita, que es claridad, transparencia, buen uso de los recursos que le pertenecen a todos los chilenos, y que –según el diputado- tienen que ir en beneficio de éstos y no de los bolsillos de los particulares".
Los representantes de la Alianza por Chile insistieron ante el titular de Hacienda en la idea de que comience a regir desde ahora la designación por concurso público de los funcionarios de Gobierno, y no a partir de la próxima administración, cuestión que un equipo de la cartera se encuentra estudiando.
El diputado José García Ruminot, informó que durante la tarde de hoy, seguirán trabajando -en conjunto con las autoridades- en las indicaciones a la ley de presupuesto que tienen relación con las remuneraciones de los funcionarios públicos.
"Queremos en lo posible consensuar la mayor cantidad de indicaciones para para garantizar que la inversión de recursos públicos se haga con la mayor transparencia, y que toda la ciudadanía pueda estar debidamente informada", sostuvo el parlamentario.
Agregó que su sector no le impuso ningún tipo de condicionamientos a la autoridad para que apruebe sus iniciativas, pues -según explicó-, la situación del país es extremadamente difícil y las denuncias por coimas le causan un daño enorme a nivel internacional, por lo que la oposición está dispuesta a contribuir con el Gobierno.
El mismo ánimo expresó el ministro Eyzaguirre, quien destacó los avances de la reunión y explicó que cuando este tipo de encuentros "se hacen con 'espíritu país' se logran muchos más consensos de los que se alcanzan cuando estamos tratando de echarnos la culpa mutuamente".
"Creo que todos nos hemos sentido golpeados con lo que ha estado ocurriendo últimamente y nos damos cuenta que conversando, como chilenos, podemos llegar a un conjunto de acuerdos que signifiquen legitimar la función pública", sostuvo.
Según Eyzaguirre, los funcioanarios públicos son "sumamente honrados", y que excepciones no comprobadas no hacen una diferencia respecto de la moral del sector público.
Explicó que la corrupción es un problema que afecta al mundo entero y que es necesario mejorar la ley para prever y corregir este tipo de problemas.
