SANTIAGO.- En condiciones de convertirse en ley quedó hoy martes el proyecto de ley que establece una gradualidad en el nombramiento de jueces orales y de garantía del nuevo proceso penal, tras ser aprobado en segunda trámite constitucional por la Sala de la Cámara de Diputados.
Dicha iniciativa permitirá corregir las cargas de trabajo de los magistrados durante el inicio de la nueva justicia que este año llega a las regiones Quinta, Sexta, Octava y Décima, sumándose a las ocho regiones donde la Reforma Procesal Penal se encuentra vigente.
La iniciativa se enmarca dentro de una ofensiva legislativa impulsada por el Gobierno a través del Ministerio de Justicia con la que se pretende maximizar la eficiencia en la gestión administrativa y procesal del nuevo sistema.
Para ello, además del proyecto que hoy fue aprobado, el Ministerio de Justicia elabora también otras dos iniciativas legales: uno que fusiona los tribunales orales y los juzgados de garantía, y otro que perfecciona el Código Procesal Penal.
La enmienda aprobada hoy pretende evitar que se designe de una sola vez las dotaciones de jueces orales y de garantía, cuando la experiencia ha demostrado que -debido a la carga de trabajo de los nuevos tribunales- muchos de los magistrados, especialmente los orales, sólo inician sus funciones algunos meses después de haber comenzado a operar el nuevo sistema procesal.
El proyecto se estructura en base a tres artículos que modifican el Código Orgánico de Tribunales y la Ley 19,665 sobre Nombramiento de Jueces de Garantía y de Jueces del Tribunal Oral en lo Penal.
En la práctica, la iniciativa establece una tabla cronológica para el nombramiento inicial de los jueces de garantía en las regiones que aún no entran en vigencia, tales como la Quinta, Sexta, Octava, Décima (2003) y Región Metropolitana que son las más densamente pobladas.
En esa línea, también se indica que una vez nombrados los primeros jueces de garantía -en mayo del año respectivo, según la tabla- las Cortes de Apelaciones efectuarán un llamado para el nombramiento de cuatro jueces orales, quienes constituirán inicialmente sólo una sala de tribunal oral por región o jurisdicción de Corte de Apelaciones, la que tendrá un carácter itinerante dentro del territorio jurisdiccional respectivo, hasta que se constituyan los demás tribunales contemplados para cada región, de acuerdo a las cargas de trabajo que se genere.
Cabe destacar que el nombramiento de las dotaciones de jueces orales y de garantía apareja la entrada en funciones de otros profesionales y de numeroso personal administrativo de los juzgados de garantía y de los tribunales oral en lo penal, quienes también iniciarán gradualmente sus funciones lo que implicará una mayor eficiencia en el uso de recursos que el Estado ha destinado para el nuevo sistema.
Hasta hoy, la nueva Justicia cubre a más del 25 por ciento de la población del país en las ocho regiones donde está vigente, vale decir, las regiones Primera, Segunda Tercera, Cuarta, Séptima, Novena, Undécima y Duodécima.
Este año será el turno de las regiones de Valparaíso, del Libertador, Bío Bío y los Lagos, mientras que en 2004 hará lo propio la Región Metropolitana.
