VALPARAÍSO.- La Cámara de Diputados aprobó, por 76 votos a favor, el informe de la Comisión Investigadora encargada de analizar los posibles actos ilegales en la concesión y funcionamiento de las Plantas de Revisión Técnica (PRT) de todo el país.
El documento emanado del trabajo de la comisión que presidió el diputado RN Arturo Longton, sostiene que el funcionamiento de las PRT de la VI región es caótico y falto de control, y asegura además que no hay ninguna metodología, programa de visitas, ni seguimiento a las observaciones que hacen los fiscalizadores.
El informe sostiene además que ante este escenario administrativamente irregular fallaron todos los mecanismos de fiscalización, ya sea, los de los Seremi, Subsecretaría de Transportes y Contraloría General de la República.
En relación con el ex Ministro de Obras Públicas Carlos Cruz, la Comisión estimó que de haber tenido conocimiento oportuno de los antecedentes, podría haber considerado la procedencia de recomendar la acusación constitucional en su contra.
En este sentido, agregó que la situación de las plantas de revisión mencionadas configura una grave trasgresión del principio de legalidad, y que a Cruz le faltó iniciativa para cumplir sus funciones.
Agregó que tampoco ejerció un control jerárquico permanente del funcionamiento de la Subsecretaría, de la Seremi y del Departamento de Fiscalización de nivel central.
Acerca del comportamiento del Subsecretario de Transportes, Patricio Tombolini, el informe puntualizó que no existió planificación, ni un verdadero control de la gestión, particularmente en los aspectos referidos a la eficacia y oportunidad de los actos, y a la ética y probidad de los servidores públicos y también de algunos concesionarios.
En materia del trabajo del Departamento de Fiscalización de la Subsecretaría de Transportes en la VI región, el informe afirmó que no actuó con la eficacia y coordinación necesarias incumpliendo su rol preventivo.
En relación con la responsabilidad de los parlamentarios, la Comisión concluyó que su acción se alejó de los márgenes dispuestos por las normas constitucionales, legales y reglamentarias.
Ningún oficio recibido por la instancia legislativa representa a las autoridades antecedentes de soborno, irregularidades, coimas o los documentos que señalaban tener los diputados Cristián Pareto y Jaime Jiménez.
Tampoco hicieron entrega a la Comisión de OO.PP. de la Cámara de dichos antecedentes.
Respecto de la reunión entre los diputados Pareto, Jiménez y Eduardo Lagos (PRSD) con el empresario Alejandro Denham, la Comisión considera que, de las versiones proporcionadas se desprenden una serie de contradicciones que hacen dudar del propósito de tal encuentro.
Junto a lo anterior, existen marcadas contradicciones entre las versiones emitidas por los parlamentarios en diversos medios de comunicación y las entregadas ante la Comisión.
El informe concluyó que también es confuso que tres diputados que están fiscalizando e investigando y luego de comprobar irregularidades no realicen acción alguna, ni en la Comisión de Transportes, ni ante las autoridades sectoriales, ni ante la Justicia.
En suma, la Comisión estimó que a las acciones desarrolladas por los diputados Pareto, Jiménez y Lagos no puede dárseles el carácter de "actos de fiscalización".
Se explicó que no existe una actividad especial de fiscalización de la Cámara de Diputados que se haga sin la presencia de un secretario, de una comisión y sin la institucionalidad que la Cámara establece.
La fiscalización sólo puede darse bajo las condiciones señaladas por la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso y el reglamento de la Cámara de Diputados.
Esta apreciación es ratificada por la Comisión de Conductas Parlamentarias que concluyó que el actuar de los diputados Pareto, Jiménez y Lagos transgredió las normas y principios éticos contenidos en el Código de Conductas Parlamentarias.
En virtud de los problemas investigados, antecedentes recopilados y opiniones emitidas la Comisión propuso perfeccionar el sistema de licitaciones de plantas de revisión técnica y modificar el marco normativo que lo rige; tipificar como delito funcionario la falsedad de informes por parte de los funcionarios públicos ante el Congreso Nacional; perfeccionar los sistemas destinados a hacer efectiva la responsabilidad administrativa; mejorar el procedimiento de cobro que aplica la Contraloría General de la República y separar el Ministerio de OO.PP. de la parte de Transportes y Telecomunicaciones.
Para superar la falsedad de los testimonios de los funcionarios públicos, la Comisión propone acelerar el proceso legislativo del proyecto de ley que se tramita en el Senado.
