SANTIAGO.- Pese a abordar en su sesión de hoy las declaraciones de la dueña de AeroContinente, Lupe Zevallos, en orden a que el CDE habría sobornado a testigos para que declararan en contra de la empresa peruana, los miembros de la entidad evitaron polemizar con la empresaria y se limitaron a decir que el organismo no tiene la facultad de pagar a testigos falsos.
A la salida de la reunión -que se extendió desde las 15:00 hasta las 18:00 horas de este martes- los consejeros presentes calificaron de "absurdas" las acusaciones de Lupe Zevallos y dijeron que no harán mayores comentarios de éstas a raíz de haber sido emitidas por una persona inculpada en el proceso que sigue el ministro en visita Víctor Montiglio.
Ayer, la ejecutiva peruana denunció que dos abogados del Departamento de Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes del CDE viajaron a Perú el año pasado para sobornar a dos supuestos testigos falsos, quienes habrían recibido US$ 10 mil cada uno para declarar ante el magistrado que lleva el caso AeroContinente en Chile.
Lupe Zevallos, hermana de Fernando Zevallos, fundador de la empresa y principal imputado por el Consejo, presentó dos declaraciones juradas de Purificación Marreros Jara y Luis Dávila Melgarejo. Ambos tendrían antecedentes penales por narcotráfico en su país.
La reunión de esta tarde estuvo encabezada por el presidente subrogante del CDE, Pedro Perry, quien no se refirió en demasía a las declaraciones de Zevallos por estimar que en estos casos es importante mantener el secreto del sumario.
Con todo, los consejeros adelantaron que estudiarán si las acusaciones vertidas en contra de los funcionarios del CDE ameritan iniciar alguna acción legal en contra de la empresa peruana.
Los abogados aludidos por la ejecutiva tienen una vasta trayectoria en el CDE, desde la creación en 1995 del departamento especializado contra el lavado de dinero, tras la promulgación de la nueva Ley de Drogas.
Dicha legislación estableció el delito de blanqueo de capitales y dio poderes especiales para la investigación de ese delito, como la intervención telefónica, aspecto que aún es debatido en esferas judiciales.
