SANTIAGO.- El diputado (PPD) Aníbal Pérez, presentó esta mañana una querella por injurias graves y calumnias en contra del empresario plantero Carlos Filippi, quien con sus acusaciones lo involucró en el caso Coimas.
La acción legal fue interpuesta en la Corte de Apelaciones de Santiago por las últimas aseveraciones que Filippi ha hecho contra el parlamentario a quien acusa de tráfico de influencias y cohecho.
A juicio del parlamentario, las nuevas acusaciones que el empresario plantero ha efectuado son de "falsedad absoluta".
De acuerdo a lo revelado por Filippi en la revista "Qué Pasa", el parlamentario le pidió en 1999 - en una reunión realizada en el restaurante "Los Bancarios" de la Sexta Región- dos millones de pesos para la campaña de Ricardo Lagos a cambio de gestiones ante Codelco o ante otra empresa pública para que el empresario Iván Sánchez - amigo de Filippi- pudiera integrarse a trabajar con cuatro camiones y dos máquinas retroexcavadoras que tenía paralizadas, que no se concretó.
"Es cierto que él aportó dineros para las campañas parlamentarias y la presidencial, eso nunca lo he negado. Pero jamás ha habido compromisos a cambio de nada. Además, es absurdo e imposible que yo me haya comprometido a hacer gestiones ante Codelco, porque tiene un sistema muy riguroso para eso", dijo Pérez, al afirmar que le llama la atención que Filippi entregue ahora estos antecedentes.
"Si hay algo irregular, ¿por qué no se los entregó al magistrado cuando se vio mi desafuero, que rechazó la Corte de Apelaciones?", sostuvo luego de conocer las nuevas imputaciones.
El 8 de noviembre pasado el ministro en visita Carlos Aránguiz, designado para investigar las denuncias de coimas a autoridades públicas hechas a la prensa por Filippi, pidió el desafuero de seis diputados de la Concertación, entre ellos Aníbal Pérez.
No obstante, la solicitud en el caso del parlamentario PPD fue desestimada por la Corte de Apelaciones de Rancagua, tribunal que consideró en su fallo del 26 de noviembre pasado que no existían pruebas suficientes que involucraran a Pérez en el caso.
A Aníbal Pérez se le acusaba de haber intercedido ante el Subsecretario de Transportes para obtener la apertura de una planta de revisión técnica de Rancagua que habría sido cerrada.
No obstante el hecho, el fallo de la Corte de Rancagua reconoció que "aunque el hecho es efectivo, le falta un elemento para completar la tipicidad objetiva de que hablaramos, por cuanto no consta, ni aparece siquiera de ningún elemento del proceso, que el diputado ni el subsecretario pidieran o aceptaran, ni que el particular favorecido recibiera el beneficio económico a que se refieren los tipos de los artículos 248 bis y 250 del Código Penal".
