SANTIAGO.- Complicado se ve el panorama para la defensa del ex ministro Carlos Cruz, luego de los últimos interrogatorios a ejecutivos efectuados por la ministra Gloria Chevesic, testimonios en los que reconocieron que "altas autoridades" pidieron los pagos de $100 millones a GATE.
Cruz llegó desde el anexo cárcel Capuchinos a las dependencias del 17° Juzgado de Crimen minutos antes de las 13:00 horas de este viernes, para ser careado con los ejecutivos de la empresas M.I.S (Mendes Junior, Ingecol y Sical) que esta mañana prestaron declaración ante la ministra Gloria Ana Chevesich.
La diligencia duró cerca de 20 minutos, y en ella el ex personero de Gobierno sólo fue enfrentado con el empresario Leopoldo Lorenzini, el último de los tres ejecutivos en dejar el despacho de la magistrada en horas de esta tarde.
La ministra ha cumplido una ardua jornada de diligencias, las que comenzaron pasadas las 10:00 horas de esta mañana, cuando los ejecutivos del consorcio Leopoldo Lorenzini, primero, y José Jorge Araújo, después, ingresaron hasta el despacho de la jueza.
A la salida del interrogatorio, el abogado de los ejecutivos, Juan Pablo Hermosilla, dijo que a su juicio no existe ilícito alguno en el pago de los $100 millones, como así tampoco que éste haya sido un soborno para obtener nuevos contratos.
Sí reconoció que estos dineros fueron solicitados por "altas autoridades" del MOP, sin especificar, no obstante, si lo hizo el ex ministro Carlos Cruz u otro personero de la cartera.
Hermosilla regresó hasta las dependencias del 17º juzgado minutos antes de las 17:00 horas para reunirse con la magistrada, pero no informó sobre el objetivo del encuentro.
Ante la ministra Chevesic además se presentó esta tarde Gonzalo García, jefe de Gabinete del Subsecretario de Obras Públicas, quien ya había sido interrogado en una ocasión por la magistrada.
Otras diligencias
Antes de que arribara Lorenzini al tribunal, la Chevesic se reunió por un lapso de 20 minutos con el dueño de la empresa GATE, Héctor Peña Véliz, quien se presumía podía ser careado con los ejecutivos del consorcio.
Sin embargo, luego del encuentro Peña se retiró del tribunal con destino a la Bridec sin formular declaraciones. El dueño de GATE fue interrogado por más de cuatro horas en dependencias de la brigada de la policía civil, y sus testimonios fueron entregados a la magistrada minutos ante de las 17:00 horas por efectivos de investigaciones.
Las diligencias efectuadas por la ministra, que ayer careó al ex biministro de Transportes y Obras Públicas Carlos Cruz, con el empresario Leonardo Daneri, tendrían por objeto precisar si fueron o no realizados los estudios ambientales y consultorías encargados a GATE; qué personas los recomendaron o impusieron, determinar la legalidad de los contratos, y en definitiva aclarar la existencia de recursos fiscales desviados a terceros ajenos a la actividad.
Según se informó, los tres ejecutivos de M.I.S. que han declarado ante la Bridec, Aráujo, Lorenzini y Daneri, reconocieron que pagaban dineros al MOP, y que esos pagos se hacían a través de estudios preparados por la consultora de Peña Véliz.
La ministra informó esta mañana que durante la jornada de hoy interrogaría a los ejecutivos que ayer declararon ante la Bridec, diligencia que se extendió hasta la tarde de hoy.
Fuentes de tribunales informaron además que en los próximos días Chevesich citaría a declarar a parte de los 75 personeros que recibieron pagos por asesorías. Dentro de estos se encuentra el actual subsecretario de Transportes, Guillermo Díaz, quien recibió pagos de la empresa de outsourcing cuando se desempeñó en la cartera de Transportes.
Se espera que la ministra Chevesich cite a declarar a la autoridad dentro de los próximo días, aun cuando trascendió por fuentes de tribunales que la orden de citación ya fue despachada a personal de la Policía de Investigaciones para que le sea notificada.
Consultado al respecto, el subsecretario de Transportes dijo estar dispuesto a colaborar con las diligencias de la ministra en visita, pero aclaró que aún no ha sido notificado de la orden.
"Esto es un proceso que están llevando los tribunales. Cualquier ciudadano citado por la justicia debe hacerlo. Mi disposición y la del Gobierno en colaborar con la justicia es total", dijo Guillemo Díaz.
