SANTIAGO.- El presidente del Banco Central, Carlos Massad, concurrió esta mañana a la Comisión de Hacienda del Senado, acompañado del consejo en pleno, para entregar un completo informe sobre el caso Inverlink, en lo que es el primer relato detallado de las acciones que ha adoptado el organismo desde que se conociera la fuga de información el pasado 30 de enero.
Massad declinó referirse sobre si la información fue usada por Inverlink para obtener beneficios en el mercado, señalando que "en esto no caben presunciones, cabe lo que la Justicia investigue y determine".
Durante la jornada, Massad relató que se instruyó a la Revisoría General para que haga obligatoriamente una revisión cada seis meses a los sistemas de seguridad aplicados en las oficinas de las distintas unidades del Banco, de tal manera de asegurar la eficacia de las medidas aplicadas.
El presidente del Banco Central reiteró que no se siente responsable por la fuga de información desde su oficina hacia Inverlink, más allá de haberse equivocado en la contratación de su secretaria.
De esta manera, el titular del organismo emisor respondió a aquellos que han solicitado públicamente su renuncia al cargo, como el diputado de su partido Waldo Mora y el senador Nelson Avila.
Massad reconoció que, por necesidades de su trabajo, sus secretarias están autorizadas por él para acceder a información altamente sensible y a su computador personal y que lo ocurrido en este caso es un delito, frente al cual "no hay nada qué hacer".
"Desgraciadamente, frente al crimen no hay respuesta. Tratamos de evitar los asesinatos en la calle y los asesinatos siguen ocurriendo. No hay solución frente al crimen, por muy rigurosos y cuidadosos que sean los procedimientos. De modo que no podemos pretender que las normas del Banco Central van a impedir todos los delitos. Eso es imposible", señaló.
El titular del instituto emisor incluso descartó la posibilidad que la Justicia le atribuya responsabilidades en su calidad de máxima autoridad del organismo.
"Mi secretaria actuó absolutamente a mis espaldas, con mi total desconocimiento y en un sistema de espionaje absolutamente organizado y financiado desde afuera", afirmó. Agregó que "éste es un caso nuevo y es la primera vez que se da en Chile".
Massad calificó el hecho que hoy ocupa a la justicia como "de máxima gravedad" y dijo que "es muy importante que el país se dé cuenta de la gravedad que significa que entes privados puedan sobornar a empleados públicos para obtener información privilegiada".
Agregó que no se puede tomar tal cantidad de resguardos que paralice la acción del organismo, pero que se están adoptando todas las acciones posibles para evitar que ello vuelva a ocurrir.
Entre ellas, señaló que a partir de ayer se puso en marcha un sistema de control de tráfico de comunicaciones de modo que todo lo que salga del Central va a quedar registrado.
A futuro, dijo que esperan seguir reforzando la transparencia, especialmente el tiempo en que la información se entrega al público.
A modo de ejemplo, precisó que antes el Imacec se entregaba al público seis días después de estar disponible para las autoridades del Central y en la actualidad se hace sólo en pocas horas después.
También se trabaja en un protocolo de uso de información que incluirá procedimientos especiales para la información catalogada de "altamente sensible".
Mayores sanciones
El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Carlos Ominami (PS), manifestó que hay acuerdo entre los legisladores para establecer penas mayores y más duras para casos de robo de información privilegiada, como el ocurrido en el Banco Central.
El parlamentario expresó que "a nosotros nos parece que es fundamental contar con una legislación que le diga a todos los agentes del mercado que cualquiera que incurra en conductas de este tipo va a tener, francamente, las penas del infierno".
Agregó que "no puede ser que las sanciones sean leves y que por la vía de las multas, finalmente, incluso hasta se puedan incorporar al cálculo económico para determinar si uno se va por la línea de la ilegalidad o no".
Considera que la nueva legislación debe ser hecha a la brevedad. <
