SANTIAGO.- La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago aprobó en forma unánime otorgar la libertad a los diecisiete procesados por el Caso GATE, que desde el martes pasado permanecían detenidos en el anexo cárcel Capuchinos.
Los inculpados dejaron ese recinto penal minutos antes de las 17:00 horas, una vez que hicieron efectivo el pago de la fianza por $300 mil que la ministra en visita Gloria Ana Chevesich les impuso cuando les concedió el beneficio con consulta a la Corte, el mismo día en que fueron notificados de su procesamiento.
El tribunal estuvo integrado por los magistrados Hugo Dolmestch, Jorge Dahm y el abogado Miguel Ángel Cruchaga, quienes hasta las 11:20 horas de esta mañana escucharon los alegatos de los trece abogados defensores de los detenidos.
El martes pasado la jueza Chevesich sometió a proceso a 22 personas por los delitos de fraude al fisco y estafa. Cinco de ellos quedaron en libertad provisional, y el resto fue recluido en el anexo cárcel Capuchinos en espera de la decisión que tomaría hoy el tribunal de Alzada.
Los 17 procesados que quedaron hoy en libertad son: Eduardo Arriagada, ex director general de OO.PP.; Sergio Hinojosa, ex jefe de proyectos de Concesiones; Jorge Echeñique, Socio de Agraria Limitada; Francisco Aguirre, director de Consultoría Profesionales Agraria; Víctor Rey, Socio de Agraria Limitada; Francisco González, director del INIA; Roberto Salinas, jefe de proyecto de Concesiones; Sergio González, propietario de la consultora Aristo; Ricardo Paredes, Ex decano de Economía de la Universidad de Chile; Alejandro Gutiérrez, ex subsecretario de Agricultura; Héctor Quiroz, inspector fiscal del MOP; Mario Luraschi, Econat consultores; Abdón Naim, socio de consultores R&Q; Ramón Silva, ex fiscal de Concesiones; Eduardo Valenzuela, Socio de Exe Ingeniería; Jorge Quiroz, consultora Generes; y Luis Arrau, socio de Geofun.
Al enterarse de la resolución, el abogado Héctor Salazar, que defiende al ex jefe de Proyectos de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, Roberto Salinas, insistió en que "aquí no ha víctimas ni victimarios entre las empresas privadas y el ministerio. Lo que hay es un sistema que operó, que no era el idóneo pero que era la única manera de llevar a cabo un plan nuevo por el cual el ministerio se reestructuraba".
Salazar admitió que para poner en marcha dicho sistema se violaron algunas leyes, "pero en ningún caso hubo acciones constitutivas de delito".
En tanto, el abogado Pedro Doren, quien representa al ex decano de la facultad de Economía de la Universidad de Chile, Ricardo Paredes, reiteró que su defendido, que fue procesado porque su firma como decano apareció en algunos subcontratos, no tenía conocimiento de los hechos que serían constitutivos de delito.
El profesional se mostró muy conforme con la resolución de hoy puesto que, a su juicio, da pie para que Paredes comience a preocuparse de su defensa en los aspectos de fondo.