SANTIAGO.- Por unanimidad, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones decidió rechazar el recurso de amparo interpuesto por la defensa del secretario regional ministerial (seremi) de Obras Públicas de la XII Región, Manuel Castañeda, quien está procesado por el delito de fraude al fisco en el marco del Caso MOP-Ciade.
La acción legal fue presentada la semana por el abogado Luis Ortiz Quiroga -quien además defiende a los otros 12 seremis que fueron procesados el 2 de mayo pasado por el juez del Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago, Alejandro Rivera.
La decisión del tribunal es apelable a la Corte Suprema, por lo que sería el máximo tribunal el encargado de dirimir sobre la situación del funcionario público.
La sala estuvo conformada por los ministros Juan Guzmán y Juan Fuentes, además del abogado integrante Francisco Tapia, quienes ayer escucharon los alegatos de la causa.
La resolución de tan sólo dos carillas sostiene que el recurso de amparo no es la vía idónea para el objetivo que se pretendía alcanzar por la defensa del seremi.
Sostiene además que debido a que el funcionario aún no ha sido notificado ni privado de libertad y que sólo está citado al tribunal para ser informado de su situación "en modo alguno puede estimarse que se le haya privado, perturbado o amenzado en su derecho a la libertad personal, garantizada en el número 7 del artículo 19 de la Carta Fundamental", agrega el fallo.
Asimismo, señala que "el enjuiciamiento fue dictado por una autoridad competente, dentro de los casos previstos por la ley y sin infracción a las formalidades determinadas por el Código de Procedimiento Penal".
Basándose en el fallo que el mismo tribunal -con otros ministros- tomó ayer de revocar el procesamiento a tres implicados en el caso (Armando Álvarez, Iván Pastén y Julieta Silva), se presumía que la resolución de hoy sería favorable a Castañeda, quien aún no ha sido notificado de su encausamiento.
Los 13 seremis fueron encargados reos porque el juez Rivera consideró que cometieron fraude al Fisco al recibir sobresueldos por 9,2 millones de pesos por un trabajo que no realizaron, en el marco de un contrato firmado en agosto de 2001 entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de la Empresa (Ciade).
En tanto, en los próximos días la Sexta Sala del Tribunal de Alzada deberá pronunciarse sobre la apelación presentada por los otros 12 seremis involucrados en el caso.
