SANTIAGO.- El ministro de Salud, Pedro García, anunció hoy acciones legales contra aquellas personas que se atendieron en los servicios públicos como indigentes pese a recibir ingresos.
En entrevista con radio Cooperativa, aclaró que la intención no es que la gente vaya a la cárcel "pero tampoco podemos dejar impune una situación indebida que atenta contra la fe pública y el bien común que todos anhelamos".
"Encontramos a 24 personas que tenían rentas por más de un millón de pesos mensuales y que no imponían. No sé cuáles son las penas para estos casos, pero no puede haber gente que, con una indolencia temeraria, tenga conciencia que esto tiene que ser de otra manera. Esas personas no se dan cuenta que están atentando contra ellas mismas", apuntó el titular de salud.
García contó que su cartera realiza un trabajo conjunto con Fonasa, el Servicio de Impuestos Internos (SII), y el Registro Civil y en lo inmediato, el 23 de junio se cancelará la credencial de indigencia a 40 mil personas cuya situación declarada no corresponde a la realidad.
"Por el sólo hecho de declarar impuesto a la renta ya no son indigentes", puntualizó.
Si estas personas impusieran por el sueldo mínimo, sus cotizaciones significarían 5.200 millones de pesos al año, la mitad de lo que cuesta el programa del adulto mayor, que realiza 97 mil prestaciones.
El ministro calificó las observaciones del senador Alberto Espina (RN) al respecto como "dignas de ser evaluadas y lo estamos haciendo".
El parlamentario entregó el martes pasado al ministro García un estudio según el cual serían 395 mil las personas que se atienden en los servicios públicos de salud como indigentes sin serlo, con una pérdida para el fisco de 92 mil millones de pesos.
Probablemente al final vamos a llegar a un punto intermedio entre las cifras de Espina y las del Ministerio, dijo García.
Por otra parte, Pedro García advirtió que "la salud no es gratis. Incluso los jubilados o quienes tienen sueldos muy bajos cotizan su siete por ciento para salud".
Consultado respecto a la posibilidad de asegurar la infraestructura y los equipos de los hospitales, a raíz del incendio que la semana pasada afectó al hospital Barros Luco, respondió que una comisión ministerial maneja un posible seguro interno (sin recurrir a las compañías especializadas) "pero con fondos muy bien resguardados para que estén disponibles cuando sea necesario".
"Cuando algo genera inquietud dentro de la sociedad, lo peor que se puede hacer es no reconocerlo", concluyó el ministro de Salud.
