SANTIAGO.- La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro Carlos Cerda, ordenó una serie de diligencias al ministro en visita Alejandro Madrid, quien investiga la muerte del ex químico de la Dina, Eugenio Berríos; y negó la libertad a los dos procesados como autores del homicidio, los suboficiales (r) Arturo Silva Valdés y Jaime Torres Gacitúa.
En la resolución de cinco páginas, el tribunal ordena al ministro Madrid estudiar la posibilidad de solicitar nuevamente el desafuero del senador vitalicio Augusto Pinochet Ugarte para investigar su posible participación en el caso.
La sala que estuvo conformada por los ministros Mauricio Silva Cancino y el abogado Oscar Herrera, además de Cerda, sugiere también al ministro que evalúe la factibilidad de encargar reos a 19 personas por distintos delitos como homicidio, ilegítima privación de libertad, asociación ilícita, malversación de caudales públicos y obstrucción a la justicia.
Entre los suceptibles a ser procesados están el ex fiscal del Ejército, general (r) Fernando Torres Silva; el coronel (r) Enrique Ibarra; el general (r) Hernán Ramírez Rurange, y la viuda de Berríos.
La Corte sostiene además que se debe estudiar someter a proceso a ex uniformados uruguayos.
A comienzos de abril pasado el ministro Madrid realizó una visita a Uruguay en la que presenció los interrogatorios que el juez de Pando, Pedro Salazar, realizó a los oficiales Tomás Casella, Eduardo Radaelli, Wellington Sarli Pose y los policías Elbio Hernández y Ramón Rivas. Todos ellos tuvieron relación con Berríos mientras estuvo en ese país.
Eugenio Berríos desapareció de Chile en 1991 cuando era buscado para que declarara en el marco del caso Letelier, debido al conocimiento que tenía de las actividades de Michael Townley, el agente que puso la bomba en el auto del ex canciller.
Según la investigación judicial realizada por la magistrada Olga Pérez, fue un grupo militar especial el que lo sacó de Chile.
La jueza, quien dejó el caso en enero pasado, estableció presunciones de que Silva y Torres, a quienes hoy se les negó la libertad, intervinieron en el crimen acreditado luego de que el cadáver del químico apareciera en una playa uruguaya en diciembre de 1995.
