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Ocho alcaldes y nueve concejales han sido acusados por Ley de Probidad

Por tal razón Flacso y la Asociación de Municipalidades han organizado un seminario que dispone discutir el tema de la corrupción y transparencia de gestión.

06 de Agosto de 2003 | 12:06 | El Mercurio en Internet
SANTIAGO.- Antes de que se desarrollen en el país las próximas elecciones municipales, los principales actores del área -alcaldes, concejales y funcionarios municipales- se disponen a discutir sobre corrupción y transparencia de gestión, en un seminario organizado por Flacso y la Asociación de Municipalidades.

Actualmente, existen unos ocho casos por Ley de Probidad en contra de alcaldes del país, de todas las tendencias políticas, entre ellos los representantes municipales de Maipú, Quinta Normal, Calera de Tango, Cartagena, San Fernando (fallado hace pocos días), Paillaco, Coelemu (fallado hace algunos días, también) y Chépica.

En lo que se refiere a procesos contra concejales hay acusados cuatro concejales de San Fernando, uno de Peumo y cuatro de Maipú.

En el mes de marzo pasado fue removido un alcalde por la nueva norma de la Ley de Probidad, en la Municipalidad de Loncoche, Novena Región. Esta legislación comenzó a regir el 14 de diciembre de 1999.

Por notable abandono de deberes, en tanto, fue acusado hace algún tiempo el cuestionado alcalde de San Fernando, el comunista José Figueroa, quien fue absuelto hace solo algunos días de los cargos, por el Tribunal Electoral Regional.

Las causales por este tipo de problemas de probidad o notable abandono de deberes son de la más variada índole, aunque en especial se tienen problemas de deudas en programas gubernamentales (programa de electrificación rural, por ejemplo), contratación de parientes, viajes al exterior con recursos del municipio, deudas con el Fondo Común Municipal, utilización de infraestructura del municipio (autos, casas) y otras.

El caso más reciente de suspensión en el cargo de alcalde, es el registrado hace escasos días en el municipio de Coelemu, VIII Región, en que el alcalde DC Juan Eduardo Riquelme Venegas, fue apartado de su cargo por el Tribunal Calificar de Elecciones de la región, "por haber trasgredido grave y repetidamente el principio a la probidad administrativa e incurrido en notable abandono de deberes".

El Tricel de la VIII Región acogió cinco de los diez cargos por los que estaba siendo investigado el citado edil: irregularidades en materias de la licitación para equipamientos de una escuela y un liceo local; la adquisición de vestuario con fondos municipales para uso personal, contratación de parientes para labores municipales, arrendamiento de bienes municipales sin consultar a los concejales y por ocultar información en la cuenta pública de abril 2002.

El otro caso es el del alcalde de San Fernando, ya citado, cuyo fallo se conoció el jueves 31 de julio recién pasado, a quien se le acusaba de abultar en varias veces los compromisos financieros del municipio y que estaba a punto de que se le cortaran los servicios de luz y agua, por no pago, a la comuna.

En momentos en que se acerca la carrera para ocupar los cerca de 350 sillones municipales del país y en que además por primera vez, se elegirá separadamente a los concejales, el tema de la transparencia y la probidad ha ido adquiriendo creciente interés.

Seminario

El seminario de la Asociación de Municipios y Flacso se llevará a afecto en Concepción el 28 de agosto próximo y se espera que en el participen la representación regional de la Contraloría General de la República; la alcaldesa de Concepción, Jacqueline Van Rysselberghe; los senadores Adolfo Zaldívar y Hernán Larraín, entre otros altos representantes.

La iniciativa conlleva dos talleres de trabajo sobre "Responsabilidad de autoridades políticas electas: causales de remoción de alcaldes y concejales" y "responsabilidad civil/penal: causales de sumarios" a cargo de los expertos del Instituto Libertad, Rodrigo Flores y Mauricio Cisternas.
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