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Corte rechaza solicitud de desafuero a Pinochet

El Tribunal de Alzada tampoco acogió la realización de nuevos exámenes médicos al general (r).

27 de Agosto de 2003 | 14:23 | Carolina Valenzuela, El Mercurio en Internet
SANTIAGO.- Tal como se presumía sobre la base de fallos anteriores, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó por quince votos contra ocho la solicitud de desafuero al general (r) Augusto Pinochet Ugarte, requerida por el Partido Comunista, y la realización de nuevos exámenes médicos.

La resolución fue dada a conocer por el presidente de la Corte, Alfredo Pfeiffer luego que los 23 ministros de los 31 que componen el tribunal, se reunieran a las 13:30 horas para resolver sobre el caso.

Los argumentos en que se basaron los magistrados serían los mismos que utilizó la Corte Suprema para sobreseer definitivamente al ex Comandante en Jefe en el caso Caravana de la Muerte, vale decir que su estado de salud le impide enfrentar un nuevo proceso.

Una vez conocida la decisión el abogado querellante Eduardo Contreras se mostró muy molesto y sostuvo que el fallo "demuestra que la justicia todavía no es plena en este país". Agregó que "ante un Pinochet que se pasea (...), lo menos que podríamos esperar era que se decretaran exámenes mentales".

En tanto, la abogada querellante Julia Urquieta afirmó que efectuarán todas las acciones legales que correspondan y "seguiremos insistiendo en realizar todas las peticiones de desafuero que sean necesarias para demostrar que Pinochet sigue siendo el responsable de todos estos crímenes".


Durante la jornada de hoy el Tribunal de Alzada escuchó los alegatos de las partes. Los primeros en intervenir fueron los abogados querellantes Julia Urquieta y Juan Subercaseaux.

En la oportunidad la abogada explicó que basó la petición de que el ex Comandante en Jefe sea sometido a nuevos exámenes médicos en que "hay un conjunto de nuevos antecedentes que demuestran que Pinochet no tiene ningún signo de enajenación mental. Por el contrario, nosotros creemos que él se finge loco con el objetivo de eludir su responsabilidad ante los tribunales".

Urquieta presentó además ante el tribunal una serie de antecedentes de psiquiatras que dan cuenta de que el ex Mandatario no tiene ninguno de los síntomas de la demencia subcortical por la que fue sobreseído en el caso Caravana de la Muerte.

Respecto del desafuero, la profesional argumentó que hay "más que fundadas sospechas respecto de la participación criminal de Augusto Pinochet" y de su vinculación directa con la Dina por jerarquía.

También expusieron sus argumentos los abogados querellantes Eduardo Contreras, Hernán Montealegre, y por el Consejo de Defensa del Estado, María Teresa Muñoz.

En su intervención, Montealegre afirmó que "no solamente hay sospechas fundadas de su responsabilidad penal (de Pinochet), sino que hay certeza de que no cumplió con los deberes que tenía, como Presidente de la República, como Comandante en Jefe del Ejército, como jefe de los servicios de seguridad y como un hombre que tenía facultades extraordinarias de proteger los derechos de los chilenos".

El abogado agregó que Pinochet cometió un crimen internacional por omisión, argumentando que los crímenes no sólo se cometen por acción. "El señor se cruzó de brazos mientras estas cosas ocurrían y con eso incurrió en responsabilidad penal", sostuvo Montealegre.

En tanto, por la defensa del ex Comandante en Jefe hizo su intervención el abogado Ambrosio Rodríguez, quien sostuvo que la petición "pasa por encima de una sentencia ejecutoriada, tanto de la Corte de Apelaciones como de la Corte Suprema".

El jurista afirmó además que "que existen otros antecedentes que vamos a hacer ver en el curso de los alegatos, por la cual esta causa está legalmente sobreseída".

La vista de la causa se desarrolló en presencia de una gran cantidad de público, en su mayoría miembros del Partido Comunista y de la defensa del ex senador Vitalicio.

El Partido Comunista pidió al ministro de fueron Juan Guzmán un nuevo desafuero del retirado general para aclarar la responsabilidad que le cabe en la desaparición de la directiva de la colectividad en 1976, en el marco del denominado caso Conferencia.
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