SANTIAGO.- Luego de la masiva intoxicación que afectó a 53 menores y siete adultos en la comuna de María Pinto, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas (RAP-AL) reiteraron su rechazo a la actual legislación que rige la fumigación en predios agrícolas establecida por el Servicio de Salud del Ambiente (Sesma).
Ambas organizaciones ambientales cuestionan la franja de seguridad de 200 metros establecida para este tipo de prácticas, que fue promulgada en julio pasado por el Sesma. Consideran que la medida es "absolutamente" insuficiente para resguardar la salud de la población y el medio ambiente.
Asimismo, critican la validez del plan de prevención impulsado por el Sesma en esta materia, al recordar la campaña de difusión iniciada por este organismo en Melipilla para alertar a la comunidad de las intoxicaciones, tanto individuales como masivas, que se registran en esta zona.
"Frente a esto, exigimos la inmediata prohibición de fumigaciones aéreas en lugares cercanos a escuelas y asentamientos humanos", declararon.
Del mismo modo y pese a que el Sesma ha informado que en este caso se ha dado cumplimiento a todo lo establecido en la reglamentación, "estamos nuevamente ante una intoxicación masiva. Es por ello que solicitamos al Ministerio de Salud que se revise el rol jugado por este Servicio como ente regulador en este tipo de actividades".
Ambas entidades hicieron hincapié en el hecho de que la empresa infractora Alas Agrícola S.A ha provocado cuatro intoxicaciones masivas en los últimos tres años. La primera de ellas afectó a 30 alumnos de la escuela Agro- Ecológica de Pirque el año 2001. Posteriormente, provocó la intoxicación de 80 niños en una escuela de María Pinto en diciembre del año 2002, y de más de 40 personas en la comuna de Renca en febrero del presente año, ante lo cual enfrenta una querella criminal que está siendo investigada por el 18° Juzgado del Crimen de Santiago.
Por ello, y "ante la reiterada acción criminal de esta empresa, exigimos en forma inmediata la cancelación del permiso de la empresa infractora".
El 25 por ciento de las notificaciones de intoxicaciones agudas por uso de plaguicidas se concentran en el área jurisdiccional que contempla la provincia de Melipilla y Talagante.
