SANTIAGO.- Un total de 28 senadores de gobierno y oposición suscribió finalmente la carta solicitándole al Presidente Ricardo Lagos convocar al Consejo de Seguridad Nacional para revisar los alcances del acuerdo suscrito entre las autoridades y el empresario Douglas Tompkins para declarar Santuario de la Naturaleza el parque Pumalín. La cifra no sólo corresponde a más de la mitad de los 48 miembros de la Cámara Alta, sino que supera algunos de los más altos quórums exigidos por la Constitución para temas como la aprobación de leyes orgánicas.
Además, el documento —impulsado por el senador RN Antonio Horvath, quien lo entregó esta mañana en La Moneda— reúne entre sus firmantes a figuras emblemáticas, como el presidente y el vicepresidente de la DC, Adolfo Zaldívar y Hosaín Sabag, respectivamente; los parlamentarios de esa colectividad Jorge Pizarro y Gabriel Valdés; los ex supremos Enrique Zurita y Marcos Aburto; los ex comandantes en Jefe de la Armada Jorge Arancibia y Jorge Martínez Busch; el ex vicecomandante del Ejército, Julio Canessa; el ex General Director de Carabineros Rodolfo Stange, y senadores como Evelyn Matthei (UDI), Alberto Espina (RN), Sergio Romero (RN), Carlos Bombal (UDI), Jovino Novoa (UDI), Sergio Fernández (UDI)y Andrés Chadwick (UDI), entre otros.
“En cumplimiento del deber de defender la soberanía...”
En la carta —que fue entregada este mediodía por Horvath en La Moneda—, los senadores advierten que el acuerdo gobierno-Tompkins “afecta las garantías constitucionales y puede poner en riesgo la seguridad nacional”, materias que es deber del Estado resguardar.
“Hacemos presente a V.E. que formulamos la presente solicitud en cumplimiento del deber de defender la soberanía y de contribuir a preservar la seguridad nacional, que el inciso segundo del artículo 22 de la Constitución impone a todos los chilenos”, agregan los parlamentarios, antes de pasar a enumerar los fundamentos de la petición, entre los que se encuentran:
El acuerdo con Tompkins —sostienen— no salvaguarda para el Estado una franja fiscal que permita la realización de un camino continuo, sins transbordos, y por ende el ejercicio de las garantías constitucionales de los habitantes de la provincia de Palena y de la XI región, y a futuro de Magallanes.
En la práctica, se divide en dos el país, por cuanto al ser declarado Santuario de la Naturaleza un predio de 289 mil hectáreas, que corre de cordillera a mar, se hará “casi imposible asegurar la continuidad territorial sin graves dificultades”. Ello, considerando los pasos que deberá seguirse para ejecutar cualquier camino: desafectar la franja territorial correspondiente; obtener aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales; realizar un estudio de impacto ambiental especial; expropiar la franja e indemnizar a la fundación. Y, junto a todo ello, habrá que enfrentar las inevitables acciones de protesta de organizaciones ecologistas internacionales.
Todo ello, agregan, pudo prevenirse si se hubiese salvaguardado en forma previa la franja en cuestión, compensándola con terrenos aledaños al parque Pumalín.
Aunque se establece que el directorio de la fundación que tendrá a su cargo el parque estará facultado para transferir al fisco los terrenos para obras de utilidad pública, la mayoría de sus integrantes (cuatro de siete) serán representantes del propio Douglas Tompkins. De este modo, no existe ninguna garantía respecto de cómo actuarán.
Se lesiona en sus derechos a los habitantes de la XI región, quienes no fueron consultados para el acuerdo, como sí se hizo con los de la X región.
“En prácticamente ningún país del mundo” es posible adquirir porciones tan significativas del territorio ni menos dividir éste en dos. Habida cuenta de ello, además, se hace necesario tomar medidas para evitar que siga la compra sistemática de terrenos.
Descartan objeciones de Insulza
Los parlamentarios sostienen que, con el análisis del Cosena, el Presidente podrá contar con mejores antecedentes para tomar las providencias necesarias y corregir así los defectos del acuerdo. Y es que, según enfatizó hoy Horvath en La Moneda, los senadores no son contrarios al proyecto Pumalín, sino que simplemente buscan que éste se realice de tal modo que no afecte la integración territorial ni perjudique a los habitantes de la zona.
Y frente al hecho de que ya hace unos días al ministro del Interior, José Miguel Insulza, descartó la posibilidad de convocar al Cosena por el tema, el parlamentario hizo notar que al secretario de Estado no le corresponde pronunciarse sobre el asunto, pues ni siquiera es miembro del Consejo.
Recurso de protección por “arbitrariedades e ilegalidades”
Claro que la entrega de la carta en la sede de gobierno no fue la única acción realizada hoy por Horvath en relación al acuerdo con Tompkins. Antes de ello, formalizó en tribunales la presentación de un recurso de protección por los alcances del convenio. Dicho recurso está suscrito por una veintena de personas y organizaciones que señalan verse afectadas.
Según el escrito, hay en el acuerdo elementos de ilegalidad y arbitrariedad que vulneran diversas garantías constitucionales, desde la igualdad ante la ley hasta la libre circulación por el territorio nacional. Ello, además de un tema de fondo: la Carta Fundamental garantiza el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, lo que resulta contradictorio con un proyecto que, aunque persigue fines ambientalistas, excluye a los propios seres humanos.
El senador RN Antonio Horvath presentó un recurso de protección por los alcances del acuerdo con Tompkins.
