PUNTA ARENAS.— El Tercer Juzgado del Crimen local recurrió al Arzobispo de Santiago y presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Francisco Javier Errázuriz, para obtener antecedentes que permitan ubicar al sacerdote diocesano Víctor Hugo Carrera, procesado en rebeldía por su eventual responsabilidad en abusos deshonestos en contra de un menor.
La diligencia fue realizada por la magistrada subrogante Marcela Vergara, a petición del Servicio Nacional de Menores (Sename), tras el interrogatorio a que fue sometido el obispo de Punta Arenas, monseñor Tomás González, quien no habría aportado información relevante que permita dar con el paradero del cuestionado religioso.
El abogado querellante Guillermo Ibacache solicitó la extradición de Carrera en noviembre de 2001, luego de conocerse que el sacerdote se encontraba en
Italia, donde se perdió su rastro.
Víctor Hugo Carrera dejó Chile en diciembre de 2000 y el caso de los abusos en contra de P.G. (13) recién fue denunciado por sus padres en junio de 2001.
El caso ha generado una controversia en torno a la jurisdicción eclesiástica, por cuanto la diócesis de Punta Arenas depende de la Santa Sede ya que el nombramiento de cada obispo lo resuelve el Sumo Pontífice.
Sin embargo, Yanet Cárcamo, directora regional del Sename, manifestó su confianza en la disposición de la Iglesia Católica para entregar a la justicia a los miembros del clero involucrados en casos de maltrato contra menores.
Por ello, se refirió a la declaración de la Conferencia Episcopal de abril de 2003 donde se señala que "...la Iglesia respeta y valora el trabajo de los tribunales y no obstaculiza su actuación. Asimismo, los miembros de la Iglesia no pueden negarse a colaborar con ellos cuando sean requeridos, salvo que el juez exigiera algo contrario a la ética o el ordenamiento jurídico propio que el derecho chileno reconoce a la Iglesia Católica".
En tanto, Guillermo Ibacache, abogado de la familia del menor, prepara la presentación de una demanda en contra del Obispado de Punta Arenas que persigue resarcir los daños morales ocasionados a la víctima, que actualmente tiene 17 años.
