El obispo de Aysén, Luis Infanti de la Mora.
AYSÉN.- A 10 años y un día de prisión fue condenado el denominado testigo clave del caso Aysén, Jorge Corona, por supuesto falso testimonio en la investigación por la misteriosa muerte de 12 jóvenes en la zona.
Corona entregó información respecto a las circunstancias en que fallecieron Roberto Lagos y Paulina Gómez. Inculpó a dos personas, que fueron las que se querellaron finalmente.
El testigo recibió además otra condena por cinco años y un día de cárcel por un delito de robo en una causa anterior.
La resolución adoptada en primera instancia por el tribunal de Puerto Aysén no dejó conforme a Manuel Rojas, abogado que defiende a Corona, quien señaló que el tribunal no realizó los estudios necesarios pese a que se presentaron pruebas que avalan los dichos de su defendido, por lo cual no puede ser acusado de falso testimonio.
Según lo manifestado por el obispo de Aysén, Luis Infanti de la Mora, este fallo no tiene sentido porque no se puede juzgar a una persona que ha aportado datos interesantes al caso, siendo que la investigación de la ministra Alicia Araneda aún no está completamente resuelta.
Para Hugo Gutiérrez, uno de los abogados de la causa, "es una demostración de que el Poder Judicial de la zona actua de manera errática y no apegada a derecho. Es impresentable una condena por falso testimonio a 10 años y un día, cuando la ministra ha acreditado que los mismos delitos no existieron".
"Lo que más preocupa -agrega Gutiérrez- es la coincidencia entre la resolución de la ministra Alicia Araneda de cerrar la causa por el homicidio de Roberto Lagos sin encontrar ningún inculpado ni configurar el delito y la sentencia por falso testimonio de Corona, cuando justamente la defensa de Corona había sostenido que malamente se podía condenar a Corona si aún no estaba terminado el proceso por la muerte de Roberto Lagos".
Corona era un trabajador de una empresa naviera y es considerado testigo clave de los asesinatos ocurridos entre 1997 y 2002 pues aseguró tener conocimiento de un grupo conocido como Los Intocables que estaría detrás de las muertes de una docena de jóvenes y del tráfico de drogas en dicha zona.
Numerosas versiones, entre la que se incluye la del obispo, vinculan los decesos de 12 jóvenes con una red de narcotráfico, en la que participarían jueces de la zona. Tras las denuncias, la Corte Suprema designó como ministro en visita para el caso a Alicia Araneda, quien no forma parte de la agrupación de magistrados de Aysén, algunos de cuyos miembros han sido vinculados a las desapariciones.
Según los partes de Carabineros de ese momento, todos los fallecimientos tuvieron relación con los ríos de la zona o los puentes que los cruzan y comunican la región: en todos hubo asfixia por inmersión y en la mayoría de los casos eran un patrón la presencia de alcohol en la sangre o los desórdenes siquiátricos.
