SANTIAGO.- La Corte de Apelaciones de Santiago revocó hoy la libertad bajo fianza otorgada en primera instancia al ex agente civil de la DINA, Raúl Lillo, involucrado en el causa de secuestro y homicidio del químico Eugenio Berríos.
El juez Alejandro Madrid, a cargo del caso, había otorgado el beneficio a Lillo, pero el Tribunal de Alzada modificó esa decisión por considerarlo un peligro para la sociedad.
En el caso Berríos, Lillo está encausado, junto a ex militares chilenos y uruguayos, por los delitos de asociación ilícita para obstruir la justicia y secuestro.
La abogada querellante Fabiola Letelier valoró la decisión al estimar que los antecedentes de la investigación acreditan que Lillo tuvo una participación decisiva en la operación que permitió sacar a Berríos con destino a Uruguay, donde fue asesinado en 1995.
Según la profesional, las declaraciones de Lillo además podrían resultar claves para resolver el asesinato de su hermano, el ex Canciller Orlando Letelier, perpetrado en Washington, en 1976.
Asociación ilícita secuestró y asesinó a Berríos
El ministro Alejandro Madrid estableció que una asociación ilícita, integrada por funcionarios de la Dirección de Inteligencia del Ejército de principios de los 90 planeó y ejecutó el secuestro y homicidio del químico Eugenio Berríos.
El magistrado procesó, el pasado 29 de diciembre, a 13 ex uniformados y civiles, entre ellos tres uruguayos, por asociación ilícita perpetrada entre 1991 -cuando Berríos salió del país- y 1995, luego que su cadáver fuera hallado en el balneario de Canelones, en las afueras de Montevideo. La resolución amplió además el procesamiento por secuestro a nueve ex altos oficiales del Ejército chileno y del uruguayo.
Los otros encausados por asociación ilícita son los ex jefes máximos de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine), generales (r) Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias, y el teniente coronel Pablo Rodríguez Márquez. Otros encausados por la asociación ilícita son los ex oficiales uruguayos Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli. Los mayores (r) Arturo Silva y Jaime Torres engruesan la nómina de los procesados por asociación ilícita. Silva enfrenta cargos como autor del secuestro y homicidio de Berríos, y Torres, sólo por el secuestro.
También fueron sometidos a proceso por no denunciar la asociación ilícita, pese a estar en conocimiento de su operación, el oficial Mario Cisternas Orellana; los suboficiales Marcelo Sandoval Durán, Nelson Román Vargas y Nelson Hernández Franco, y los ex empleados civiles de la institución castrense Raúl Lillo y Erika Silva, secretaria.
En tanto, por el secuestro del químico fueron encausados el general (r) Ramírez Rurange, el teniente coronel Rodríguez Márquez, el suboficial Manuel Pérez Santillán y los ex uniformados uruguayos Casella, Radaelli y Sarli.
Como encubridores, el ministro sometió a proceso al ex jefe policial uruguayo Ramón Rivas (secuestro) y al general (r) Covarrubias (secuestro con homicidio).
En tanto, por obstrucción a la justicia fue sometido a proceso el ex agregado cultural chileno en Montevideo Emilio Rojas Gómez, quien se desempeñó entre 1990 y 1993.
