El ex jefe de la Mesa de Dinero del organismo estatal permanece recluido desde el 11 de marzo del año pasado.
SANTIAGO.- La Décima Sala de la Corte de Apelaciones decidió hoy otorgar la libertad bajo fianza al ex operador y jefe de la mesa de dinero de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), Javier Moya Cucurella, quien está procesado por diversos delitos financieros que provocaron millonarias pérdidas al organismo estatal.
La resolución del Tribunal de Alzada, de dos votos contra uno, permitirá a Moya recobrar su libertad en horas de esta tarde, tras casi un año de prisión preventiva.
Aprovechándose de su cargo y excediéndose "abusivamente" en sus atribuciones, Moya sustrajo documentos financieros del organismo estatal, los endosó y posteriormente los entregó a empresas de Inverlink, las que a su vez los comercializaban a terceros. La operación estaba dirigida a salvar al holding de la insolvencia.
Anticipándose a las medidas judiciales en su contra, el 7 de marzo del año pasado el propio Moya estampó una autodenuncia en el 32° Juzgado del Crimen de Santiago. Un día después, la Corfo se querelló por malversación de fondos públicos contra quien resulte responsable de las operaciones entre el ex operador e Inverlink.
El 10 de marzo, el entonces juez del Segundo Juzgado del Crimen de Santiago, Jorge Colvin, despachó una orden de aprehensión y arraigo en contra de Moya, la que se concretó un día después en la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones.
El 15 de marzo, el ex operador fue trasladado hasta la ex Penitenciaría y el 21 del mismo mes fue sometido a proceso por el juez Patricio Villarroel como autor de reiterados delitos de malversación de fondos públicos y cohecho. Actualmente se encuentra recluido en el anexo cárcel Pedro Montt de la ex Penitenciaría.
En una resolución del 8 de julio de 2003, el juez Patricio Villarroel precisó que la suma malversada por Moya ascendía a la cantidad de $75.293 millones y no $85.000 millones como lo aseguraba la Corfo. Sin embargo, a fines del mismo mes, el magistrado debió rectificar su fallo y aceptar el informe pericial en el que se establecía que el monto desfalcado llegaba a $84.000 millones.
A comienzos de noviembre, la Contraloría General de la República formuló tres cargos contra Javier Moya. Los dos principales se refieren a haber aceptado entre 1998 y 2003 "donativos" por más de $200 millones de Inverlink a cambio de realizar las operaciones financieras que provocaron la millonaria pérdida.
La tercera imputación es por no informar diariamente a sus jefes superiores en Corfo las operaciones realizadas en el mercado de valores y excederse en sus atribuciones al impartir instrucciones para la entrega de cheques y vale vistas.
Sin embargo, la Contraloría no se pronunció sobre una irregularidad fundamental cometida por el ex jefe de Tesorería de la Corfo: sus fraudes en los registros contables mediante los cuales ocultó sus operaciones delictivas.
