SANTIAGO.- El 10 de octubre el mundo político se estremeció a raíz de las declaraciones de la diputada de Renovación Nacional, Pía Guzmán, quien inesperadamente aseveró ante los medios de prensa que tres parlamentarios –dos de la Alianza por Chile y uno de la Concertación- estaban involucrados en la presunta red de pedofilia que encabezaría el empresario Claudio Spiniak.
"Hay antecedentes de que en el círculo íntimo de la red había políticos, dos de la Alianza y uno de la DC. Esto está siendo investigado en la justicia y en las policías. Corresponde a ellos dar la última palabra", fueron las explosivas palabras de la parlamentaria.
La noticia hizo reaccionar a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Andrés Zaldívar e Isabel Allende, quienes emplazaron a la diputada a entregar los nombres de los presuntos parlamentarios involucrados. Lo mismo hicieron el presidente de la UDI, Pablo Longueira y los jefes de bancada DC, el senador Jorge Lavandero y el diputado Patricio Walker.
Revuelo en la Corte
Paralelo a las reacciones en el Congreso, la Corte de Apelaciones se reunió de urgencia para tratar la gravedad de los dichos de la diputada, y decidió para ello citar a la jueza del 33er Juzgado del Crimen, Eleonora Domínguez, para que informara sobre las declaraciones de la legisladora.
La imputación de Guzmán provocó gran molestia en la UDI, cuyo presidente, Pablo Longueira, sostuvo que el incidente podría dañar aún más las relaciones con Renovación Nacional.
El revuelo fue tanto que hasta el Presidente de la República, Ricardo Lagos, se refirió al tema el sábado 11 de octubre, sosteniendo que los dichos de la diputada le parecían "un poquito irresponsables".
El mismo sábado la diputada Guzmán ofreció una conferencia en la que pidió disculpas por el daño que pudo haber causado con sus dichos, pero insistió en su denuncia, hecho que generó aún más molestia en diversos sectores, especialmente en la UDI.
Los dichos de la parlamentaria perdieron aún más fuerza debido a que fue desmentida por su hasta entonces incondicional compañero en la lucha contra la pedofilia, el diputado Patricio Walker, y la presidenta de la ONG Alerta y Respuesta contra el Abuso Sexual Infantil (ARASI), Claudia Fuentes.
También el sábado 11 de octubre, el propio presidente de la UDI, Pablo Longueira, acudió hasta la Corte de Apelaciones de Santiago para solicitar que el tribunal designara un ministro en visita para investigar los dichos de Guzmán. Visiblemente molesto, anunció que su partido se querellaría contra la parlamentaria.
Querella de la UDI
La acción judicial se concretó en la tarde del lunes 13 de octubre, cuando el propio Longueira concurrió a la casa de la secretaria de turno del tribunal de Alzada a presentar la querella que firmaron todos los parlamentarios de la colectividad.
La tarde del domingo anterior la diputada concurrió a una reunión en la casa del presidente del Senado, Andrés Zaldívar, donde tuvo que exponer sobre su denuncia.
Mientras las relaciones entre la UDI y RN se dañaban aún más como consecuencia de las declaraciones de Guzmán, muchos sectores opinaban que la atención de la opinión pública estaba siendo desviada del problema principal –la desprotección de los menores frente a los abusos- para centrarse en los problemas políticos derivados de los dichos de la parlamentaria RN, quien además se negaba a reconocer haber cometido un error.
Paralelamente, el Senado se abstuvo de iniciar acciones legales contra la diputada RN, pero decidió prestar la máxima colaboración a la justicia en la investigación.
Asimismo, la comisión política de Renovación Nacional resolvió no respaldar la querella de la UDI y no aplicar sanciones a la parlamentaria por sus dichos.
Montaje
El 15 de octubre de 2003, a cinco días de desatarse la tormenta política por los dichos de la diputada, el presidente de la UDI, Pablo Longueira, sostuvo que su colectividad atribuía a una confabulación contra Joaquín Lavín las versiones que sindican a tres parlamentarios en la presunta red de pedofilia.
En su denuncia Longueira vinculó al periodista Víctor Gutiérrez y al PPD, y sostuvo que se querellaría contra todos los que fueran parte de lo que definió como un "montaje".
En tanto, el 3 de noviembre el secretario de la Comisión de Conductas Parlamentarias de la Cámara de Diputados notificó a Guzmán del pronunciamiento de ese organismo luego de sus declaraciones.
El fallo, que se hizo público el 4 del mismo mes, contenía un fuerte reproche ético a la parlamentaria por la forma en que realizó sus denuncias.
Tras conocer la declaración, la parlamentaria admitió no haber actuado con "mayor prudencia y cautela", aunque insistió que no tuvo mala fe.
Ministro en visita
Además del terremoto político, los dichos de la parlamentaria derivaron en que la Corte de Apelaciones designara al magistrado Juan González como ministro de fuero para instruir la querella presentada por la UDI en su contra.
Si bien la UDI bajó su artillería pública en su teoría del montaje y contra la diputada, la colectividad insistió en que llegará hasta las últimas consecuencias en el caso.
Desde su nombramiento y hasta fines de enero de 2004 el magistrado efectuó una serie de diligencias e interrogatorios en el marco de la investigación, sin adoptar ninguna resolución.
Pero fue el lunes 2 de febrero cuando el futuro judicial de la parlamentaria comenzó a vislumbrarse. En declaraciones efectuadas en tribunales el ministro Juan González afirmó que en marzo solicitaría el desafuero de la diputada.
"He reunido un numero determinado de antecedentes que deben pasar al pleno para que él se pronuncie", dijo el juez en tribunales.
El lunes 16 del mismo mes el magistrado confirmó que elevaría la solicitud, puesto que la UDI ya se lo había pedido. Finalmente concretó el trámite el 25 de febrero pasado, día en que se fijó la vista de la causa para el 5 de marzo pasado.
No obstante, el pleno no analizó la causa ese día porque la UDI hizo uso su derecho de suspensión. Una semana después la defensa de la parlamentaria también suspendió la vista, razón por la cual está fue fijada para hoy.
Si los tribunales dieran curso a la petición, la legisladora quedará a disposición del juez para ser interrogada, incluso en calidad de inculpada.
