CURICÓ.- Cerca de 200 mil dólares, unos 120 millones de pesos, aproximadamente, fueron los montos retirados de la cuenta corriente de la sociedad anónima, Viñedos de Lontué, por quien fuera el gerente general de dicha sociedad.
La denuncia la hizo Bernardo Weason, una de las víctimas, en el Tribunal de Garantía de Curicó, y es uno de los principales socios de la empresa.
En esta ocasión el Ministerio Público, representado por el Fiscal Luis Herrera, presentó los cargos, por los cuales se comenzó la investigación en contra del ex socio y ahora imputado, gerente general de la mencionada sociedad.
En la respectiva audiencia el Fiscal dijo que el gerente general de la sociedad, durante diciembre de 2003 y febrero de 2004, procedió a falsificar las firmas de seis cheques de la sociedad, Viñedos de Lontué, por un monto de 197 mil dólares de una cuenta corriente en moneda norteamericana, que la sociedad mantenía en el banco BBVA de Curicó.
Para lo anterior el gerente general de la empresa, procedió a llenar dichos cheques, los cuales necesitaban dos firmas, una de los socios y otra de él, en su calidad de gerente de la empresa, para lo cual procedió a falsificar la firma del primero, en este caso, la de Bernardo Weason.
En la audiencia, la Fiscalía Local junto al abogado de la sociedad procedieron a solicitar la prisión preventiva del imputado, por considera la gravedad de la pena de los delitos, esto es cinco años y un día de presidio, los que fueron en calidad de reiterados y porque quedaban una serie de diligencia pendientes, que con la libertad del individuo podrían verse entorpecidas.
La Defensoría Penal Pública, en cambio, representada por Isabel Castro, se negó a tal medidas argumentando que su defendido había colaborado sustancialmente con el esclarecimiento de los hechos y, además, que el imputado mantenía una conducta anterior irreprochable.
La magistrado, Paola González, desestimó los argumentos de la defensa, al recordar que el imputado mostraba una pena por robo de 1972, la cual, a pesar de haber sido cumplida, para la magistrado, no borraba el hecho en materia penal, por lo que la irreprochable conducta no podía ser aplicada. Como los delitos habían sido reiterados, procedió a otorgar la prisión preventiva, comunicándole al inculpado que debía ingresar a la cárcel pública de la ciudad de Curicó.
En esta ocasión la magistrado Paola González, fijó un plazo de cierre de la investigación judicial de cinco meses.
Consultados, el socio víctima, Bernardo Weason y su abogado, Cristián Merino, expresaron que el lunes se referirán a los hechos, por lo que no entregaron ninguna declaración al respecto, salvo que estaban conformes con lo resuelto, hasta el momento, por el Tribunal de Garantía de Curicó.
