| Reforma en Santiago |
La puesta en marcha del nuevo sistema en la Región Metropolitana, que se aplazó del 16 de diciembre de 2004 al 16 de junio de 2005, es asumida por el Ministerio Público como un desafío complejo, puesto que significará la incorporación de un 40% de la población del país, esto es alrededor de 6 millones de habitantes, con un ingreso probable del 50% de las causas criminales del país.
En la Región Metropolitana ya están en funciones los cuatro fiscales regionales de las Fiscalías N° 1 (Centro-Norte), N° 2, (Oriente), N° 3 (Sur) y N° 4, y Occidente, que se encuentran trabajando en el nombramiento de los 276 fiscales adjuntos contemplados hasta ahora para la RM.
Destacó el Fiscal Nacional que se requerirá aproximadamente la designación de 1.253 funcionarios para las fiscalías metropolitanas, que se nombrarán por concurso. Advirtió, sin embargo, que como consecuencia de las restricciones presupuestarias que trajo el aplazamiento, se postergaron numerosos nombramientos de las fiscalías metropolitanas.
El Fiscal Nacional manifestó también la opinión institucional respecto del principal proyecto de infraestructura que contempla la Reforma en Santiago: el centro de justicia que se construirá en los terrenos que antes pertenecieron a Famae.
“Preocupa al Ministerio Público que este importantísimo centro de justicia se construya y se entregue a tiempo, antes de la entrada en vigencia de la reforma, el 16 de junio del año 2005, esto es para permitir la oportuna instalación de la conectividad computacional y de las estaciones de trabajo de los distintos actores de la reforma, incluyendo el mobiliario y los equipos”, recalcó.Vea también:
Ministerio Público ha terminado el 90% de los casos |
SANTIAGO.- El Fiscal Nacional del Ministerio Público, Guillermo Piedrabuena Richard, solicitó que se considere la incorporación de 103 fiscales más a la institución, debido a que la proyección hecha antes de la Reforma Procesal Penal descansa sobre estadísticas judiciales que "están obsoletas y desfasadas frente al incremento de las denuncias y al incremento delictual que se observa en el país".
La máxima autoridad de la institución encargada de investigar los delitos, acusar a los imputados y proteger a las víctimas y testigos, entregó este mediodía su Cuenta Pública Anual de Actividades. El acto se desarrolló en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional, ante las máximas autoridades nacionales.
La quinta Cuenta Pública del Fiscal Nacional encuentra a la institución a la cabeza de las investigaciones penales en doce regiones del país. En la Región Metropolitana, donde la Reforma se aplicará a partir del 16 de junio de 2005, se desarrolla actualmente el proceso de selección de los fiscales adjuntos que investigarán los delitos.
De acuerdo con la ley que creó el Ministerio Público se contempla un tope máximo de 625 fiscales para la institución. Ese número se estableció a partir de una proyección realizada en un estudio de la Universidad Católica de Valparaíso.
En su Cuenta Pública, el Fiscal Nacional sostuvo que los ingresos de causas al Ministerio Público sobrepasan las estimaciones del estudio en un 12%., "lo que produce un aumento en la carga de trabajo de los fiscales que no había sido considerada al inicio de la reforma".
Se proyectaba un promedio de 1.250 causas anuales por fiscal antes de la puesta en marcha de la Reforma y que actualmente los fiscales están sometidos a una sobrecarga de trabajo que se traduce en mayores tiempos de tramitación de casos y menor disponibilidad de tiempo para dirigir adecuadamente los procesos investigativos.
El principal déficit de fiscales de acuerdo con el aumento de las denuncias de delitos se produce en las regiones de la Cuarta Etapa de la Reforma Procesal Penal (regiones V, VI, VIII y X) y en la Quinta Etapa, correspondiente a la Región Metropolitana. En total para estas cinco regiones se requieren 80 fiscales más. A juicio del Fiscal Nacional es urgente remediar esta situación "antes de junio del 2005 en que empieza a regir la reforma en Santiago".
La proposición del Fiscal Nacional, que implicaría una modificación a la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, significaría aumentar de 625 a 728 los fiscales adjuntos.
