SANTIAGO.- Las partes querellantes en el caso que se sigue en la justicia en contra del ex sacerdote José Andrés Aguirre presentaron hoy recursos de casación con el fin de que la Corte Suprema enmiende algunos planteamientos que consideran errados en el fallo de la Corte de Apelaciones que le mantuvo la condena.
La abogada Fabiola Maldonado, quien representa a dos menores de la comuna de Quilicura que recibirán una indemnización por los daños que les ocasionó el ex sacerdote, solicita en su presentación que se recalifique el delito de estupro por el que fue condenado el cura Tato a violación, puesto que a su juicio existen los antecedentes que comprueban la existencia de ese ilícito.
Si la Sala Penal de la Corte Suprema acogiera dicho planteamiento, podría significar una pena más alta para Aguirre y, eventualmente, una mayor indemnización para las afectadas.
La jurista sostuvo que en lo que respecta a la parte civil no tiene quejas del fallo de la Octava Sala del Tribunal de Alzada, que duplicó la compensación desde $50 a $100 millones de pesos que deberán recibir sus representadas por concepto de daño moral.
Asimismo, el abogado Pablo Escobar, quien también defiende a dos menores de Quilicura, recurrió de casación para que la Corte Suprema determine que el ex sacerdote debe pagar indemnización a sus dos representadas.
Escobar explicó que el Tribunal de Alzada no corrigió un error de un funcionario judicial de primera instancia que no había incluido en los expedientes del proceso las pruebas de que sus defendidas sufrieron daño moral a raíz de los abusos cometidos por el ex religioso.
El abogado solicita el pago de 1 millón de pesos para cada una de las menores.
Arzobispado también recurre
En tanto, el Arzobispado de Santiago a través del abogado Guillermo Zavala presentó minutos antes de las 14:00 horas una casación para que la Corte Suprema se pronuncie sobre si procede o no que la Iglesia pague indemnizaciones a víctimas del ex sacerdote en forma solidaria, como lo estipuló la Corte de Apelaciones.
Hoy vence el plazo para que las partes hagan efectivos los recursos.
En una resolución hecha pública a principios de julio, la Octava Sala del Tribunal de Alzada ratificó la condena de 12 años de presidio que la jueza del 16° Juzgado del Crimen, Rosa María Pinto, había dictado en contra del ex sacerdote.