SANTIAGO.- Unas 200 personas marcharon hoy por las calles del centro de Santiago para exigir la aprobación de un proyecto de ley de indultos en favor de más de 25 presos condenados por delitos terroristas, siete de ellos en huelga parcial de hambre.
La manifestación se inicio en la Plaza Constitución, frente al Palacio de La Moneda, y concluyó en el edificio del Registro Electoral, donde esta noche los partidos políticos inscriben a sus candidatos para las elecciones municipales de octubre próximo.
"La movilización que convocó a unas 200 personas se realizó de forma pacífica", señaló a EFE la policía.
La marcha se produce a horas de que el presidente Ricardo Lagos indultara a uno de los presos, como una "potente señal" para que el Parlamento dé luz verde al proyecto que les permita recuperar la libertad.
El indulto presidencial benefició a Dante Ramírez Soto, miembro del desarticulado Frente Manuel Rodríguez (FPMR) preso desde 1997 por participar en un enfrentamiento armado contra la policía.
"El indulto a Dante es una gran señal, pero creemos que ahora le corresponde al Congreso pronunciarse y por eso hoy hemos marchado", dijo a EFE Sandra Ortega, portavoz del grupo de apoyo a la huelga de hambre de los reclusos.
Siete de los presos, dos ellos hoy en estado grave, realizan desde hace 11 días una huelga de alimentos sólidos para presionar por la aprobación de un proyecto que los beneficia, que fue rechazado por el Senado en junio pasado.
Los presos son Pedro Rosas Aravena, Ramón Escobar Díaz, Ramiro Silva Vial, Danilo Macaya Rocio, Julio Peña Parada, Jorge Espinola y Jorge Mateluna.
Espínola y Mateluna no alcanzaron a reponerse de otra prolongada huelga de hambre que mantuvieron durante 74 días y que concluyó el pasado 24 de junio y retomaron la medida por el fracaso que sufrió la ley de indulto en el Parlamento.
"Los dos presos se encuentran en un estado de extrema gravedad, lo que hace temer por sus vidas", señaló hoy el médico Pablo López, que los atiende en un hospital penitenciario.
La reanudación del ayuno ha causado preocupación y angustia entre los familiares y fue calificada de "suicidio", por el vicario de la Pastoral Social de la Iglesia Católica, Alfonso Baeza.
