SANTIAGO.- La ratificación por parte de Chile del Tribunal Penal Internacional sería una "señal potente" para que no se repitan en Sudamérica las violaciones a los derechos humanos del pasado, opinó hoy en Santiago el fiscal de esa Corte, el argentino Luis Moreno Ocampo.
"Chile es el único país de Sudamérica que no es miembro de la Corte, a pesar de que su presidente (Ricardo Lagos) tiene un papel internacional muy fuerte en temas de derechos humanos, por eso pido al Parlamento que se ratifique su ingreso al tribunal", señaló.
Tras reunirse hoy con el ministro del Interior, José Miguel Insulza, el fiscal Moreno Ocampo emplazó al Senado a aprobar la reforma constitucional que se requiere para la incorporación de Chile al Tribunal Penal Internacional.
La Cámara de Diputados ratificó en 2002 la participación de Chile en el Tribunal Penal Internacional al aprobar el Estatuto de Roma, por el cual se creó esa Corte, pero el asunto está pendiente de debate en el Senado.
Chile fue uno de los países que participó activamente en la creación, en 1998, de ese tribunal, que tiene competencia para juzgar delitos de lesa humanidad, como genocidio y crímenes de guerra, que hasta hoy arriesgan a quedar en la impunidad.
"La ratificación de Chile tiene una importancia fundamental, porque sería una potente señal para la región para que no ocurran hechos de violencia", destacó Moreno Ocampo.
Hasta la fecha son 94 los estados que han ratificado el Estatuto de Roma, que en 1998 permitió la creación de esa Corte internacional.
El abogado fue asistente del fiscal Julio Cesar Strassera en el juicio oral y público de 1985 seguido contra los comandantes de la dictadura militar que imperó en Argentina (1976-1983), proceso en el cual se analizaron más de 10.000 denuncias de violaciones de los derechos humanos y unos 700 casos de secuestro, tortura y desapariciones forzadas.
El TPI sólo tiene competencia para juzgar crímenes cometidos en uno de los Estados Parte o por un ciudadano de uno de los estados que han ratificado el Estatuto de Roma.
El Estatuto de Roma prevé también la posibilidad de que el Consejo de Seguridad de la ONU remita un caso a la Fiscalía cuando tenga conocimiento de crímenes de lesa humanidad, incluso en un Estado que no apoye la Corte. Pero, por el momento parece un recurso inútil porque varios de los miembros permanentes de ese Consejo son férreos opositores al tribunal.
Por ese motivo, el fiscal del TPI reiteró que Estados Unidos no será juzgado por crímenes de guerra ocurridos durante la ocupación de Irak, ni tampoco este país, ya que ninguno de los dos ratificó la creación del tribunal.
Desde el establecimiento del Tribunal Penal Internacional, que entró en vigor en abril de 2002, se han presentado más de 200 denuncias.
Moreno Ocampo participará mañana, viernes, en un seminario sobre derechos humanos en Santiago, donde se prevé que uno de los puntos centrales del debate sea la situación procesal del ex dictador Augusto Pinochet (1973-1990), acusado no sólo por violaciones a los derechos humanos en Chile, sino por presuntos delitos de corrupción.
Según el informe Rettig, que en 1991 documentó las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet, en Chile se registraron 3.197 víctimas, de las cuales 1.192 corresponden a detenidos desaparecidos.
Las agrupaciones de derechos humanos han denunciado que en ese periodo al menos 800.000 chilenos padecieron prisión, tortura o exilio.
