VALPARAISO.- Una reunión con el Ministro del Interior, José Miguel Insulza, sostuvieron esta mañana los diputados Jorge Burgos y Edgardo Riveros, para pedir el apoyo del Ejecutivo al proyecto de ley que ingresaron para subsanar los vicios de constitucionalidad presentes en el proyecto que dio vida a la Unidad de Análisis Financiero.
Riveros, presidente de la Comisión Especial de Drogas de la Cámara de Diputados, y Burgos, miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, le plantearon a Insulza su preocupación por la situación relativa al narcotráfico y al lavado de dinero en el país.
Los parlamentarios plantearon que la recientemente creada Unidad de Análisis Financiero, a cargo del ingeniero Víctor Ossa, "no cuenta con todas las atribuciones necesarias para combatir eficientemente el lavado de dinero; tal como está, es letra muerta".
Los parlamentarios, quienes además solicitaron la urgencia respectiva para el proyecto que modifica la actual legislación en materia de drogas y que se encuentra en el Senado, explicaron que "si bien el año pasado se dictó la ley 19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero, debido a la resolución del Tribunal Constitucional se eliminaron varias normas que decían relación con la entrega de información a esta nueva institucionalidad, cuando se tratase de operaciones sospechosas".
Debido a ello y para reponer el espíritu de la ley, pero sujetos al orden jurídico, presentaron esta iniciativa que busca, en lo medular, aumentar las facultades de esta unidad.
El diputado Jorge Burgos explicó que "lamentablemente la ley nació a la vida del derecho sin aquellas normas fundamentales. Con esta nueva iniciativa, buscamos establecer un procedimiento administrativo que contemple el derecho a la defensa jurídica conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de la República. Como asimismo limita y constriñe las atribuciones del Director del Servicio en cuanto a solicitar sólo aquellos antecedentes indispensables, esto es esenciales, para complementar el análisis de una operación sospechosa ya reportada".
El proyecto, firmado además por los diputados Gabriel Ascencio, Exequiel Silva, José Miguel Ortíz, Eduardo Saffirio, Juan Bustos, Rodolfo Seguel, Carlos Montes y Guillermo Ceronni, señala que "se podrá solicitar a cualquiera de las personas naturales o jurídicas contempladas en el artículo 3° de la presente ley, antecedentes que resulten indispensables para complementar el análisis de una operación sospechosa previamente reportada y respecto de la cual no son suficientes los antecedentes aportados por el sujeto responsable del reporte. Las personas requeridas estarán obligadas a proporcionar la información solicitada, en el término que se les fije".
En el caso que los antecedentes estuvieren amparados por el secreto o reserva o se trate de información solicitada a la Unidad por alguna de sus similares en el extranjero, corresponderá autorizar esta solicitud al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, que el presidente de dicha Corte designe por sorteo en el acto de hacerse el requerimiento.
Por otra parte, el diputado Edgardo Riveros explicó que en los casos establecidos en la ley "se podrá, además, acceder a las bases de datos de los organismos públicos que estime necesarias para el cumplimiento de las funciones que le asigna la ley".
En cuanto a las sanciones para quienes no cumplan con el deber de informar contemplado en ese artículo o lo hagan contraviniendo lo dispuesto por la Unidad, se establecen amonestaciones y una multa de beneficio fiscal hasta por el monto de UF 5.000, monto que podrá duplicarse en caso de reiteración de la infracción.
