SANTIAGO.- El Consejo de Defensa del Estado, a través de su abogado Juan Sebastián Reyes, solicitó hoy a la Corte Suprema que se rechacen todos los recursos de casación interpuestos por los condenados en el caso de la desaparición del sastre mirista Miguel Angel Sandoval, que tuvo lugar en 1975.
La solicitud fue planteada en el último día de alegatos ante la Segunda Sala del Máximo Tribunal, luego que los sentenciados por el ministro Alejandro Solís recurrieran a esa instancia para dejar sin efecto las penas que deben enfrentar.
Según explicó a Emol la presidenta del Consejo, Clara Szczaranski, en este caso particular los recursos de casación interpuestos son "totalmente improcedentes".
La abogada sostuvo, no obstante, que fuera de esta causa, el Consejo planteó que sólo después de que se efectúe un proceso que termine en condena "se les pueda eximir del cumplimiento de la ejecución de la pena cuando ellos tengan los requisitos que exige la ley para ser amnistiados, y cuando se trate de delitos que se hayan perpretado antes de marzo del '78. Nada de eso es aplicable a esta causa, porque se trata de secuestro".
La presidenta del CDE, sostuvo que en cuanto a homcidios, estos se pueden probar en otros casos aunque no exista el cadáver. "El Código de Procedimiento Penal plantea dos hipótesis: una con cadáver donde señala los pasos precisos que hay que seguir, y la otra es una hipótesis de homcidio en que no hay cadáver y que se investiga como todo otro delito, recurriendo a todo medio de prueba incluidas las presunciones", explicó.
La postura que el CDE planteó hoy generó confusiones en algunos sectores que entendieron que el organismo estatal había solicitado que se aplicara la ley de amnistía en el caso de la desaparición del mirista.
De hecho, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos salió muy disgustada del alegato y calificó como un escándalo que el CDE, a su juicio, haya sido una gran defensa para los inculpados que los propios abogados de éstos.
"Nos parece vergonzoso que a esta altura, en el nivel en el que están avanzando los procesos, cuando se conoce la brutalidad de la dictadura, y cuando los convenios internacionales señalan a nivel mundial que los crímenes contra los derechos humanos son inamnistiables e inprescriptibles, el Estado chileno, a través del CDE, sea capaz de solicitar que se aplique la amnistía", aseveró Pizarro.
La dirigente llamó a la Sala Penal de la Corte Suprema a que tome en cuenta los argumentos esgrimidos ayer por los abogados de Derechos Humanos Nelson Caucoto y Francisco Bravo, en orden a dejar sin efecto la ley de Amnistía.
"El decreto ley de Amnistía surge en dictadura, por lo tanto hoy es una vergüenza que se quiera reconocer una ley de autoperdón que dictó Augusto Pinochet", sentenció.
El caso Sandoval
Por la desaparición del mirista Miguel Ángel Sandoval fueron condenados en primera instancia por el ministro de fuero Alejandro Solís a 15 años de presidio el general (r) Manuel Contreras y el coronel (r) Marcelo Moren Brito. En tanto, el brigadier Miguel Krassnoff fue condenado a 10 años y un día y el capitán (r) Fernando Laureani y el teniente coronel de Carabineros Gerardo Godoy, a penas de cinco años.
Tras una apelación interpuesta por los defensores de los condenados, la Corte de Apelaciones rebajó las condenas a Contreras y Moren Brito a 12 años.
Dicha resolución no dejó conformes a los afectados, quienes recurrieron a la Corte Suprema para que sea ésta la que finalmente resuelva si corresponde o no aplicar el decreto ley de amnistía que dejaría sin efecto las sentencias.
La vista de la causa se inició el 13 de septiembre pasado con la relación. Los días 15 y 16 presentaron sus alegatos los abogados Luis Valentín Ferrada por Miguel Krassnoff; Juan Carlos Manns por Manuel Contreas, y Gustavo Promis por Fernando Laureani.
Los alegatos se reanudaron ayer, oportunidad en que intervinieron el abogado Luis Hernán Núñez en representación de Marcelo Moren Brito, y Fernando Bravo por Gerardo Godoy.
Además presentaron sus argumentos los abogados de Derechos Humanos Nelson Caucoto y Francisco Bravo, quienes sostuvieron a los magistrados que la Corte Suprema tiene una oportunidad histórica de prohibir que en Chile vuelvan a ocurrir violeaciones a los derechos humanos.
La vista del caso concluyó hoy con la intervención del CDE.
Se presume que la decisión de la Sala Penal del Máximo Tribunal estará en acuerdo por algunos días. El fallo es de gran importancia, puesto que sentará precedente en otros casos similares.
