Ver infografía| Gustavo Villalobos S. |
Fecha de nacimiento: 18 septiembre de 1947
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile
Profesión: Abogado
Estado civil: Casado, dos hijos
1969 - 1973: Abogado del Ministerio de Agricultura.
1974 - 1990: Abogado y jefe de Departamento Jurídico de la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago.
1991- 1993: Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, Conace.
1994 – 1998: Jefe de Gabinete del Ministerio del Interior.
1998 – 2000: Subdirector de la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones. Marzo 2000 a la fecha: Director de Seguridad Pública e Información. |
SANTIAGO.- Si la red terrorista Al Qaeda quisiera atacar en Chile o si una potencia extranjera amenazara la seguridad nacional, los encargados de inteligencia en el país ya deberían haberlo detectado. Ello, porque a partir de hoy existe un director a cargo de la recientemente creada Agencia Nacional de Inteligencia: Gustavo Villalobos.
Quien estuviera hasta ahora a la cabeza de las Dirección de Seguridad Pública e Informaciones (Dispi) fue designado el lunes, mediante decreto, por el Presidente Ricardo Lagos como el primer director de la Agencia Nacional de Inteligencia, que debería estar en pleno funcionamiento en noviembre próximo.
Villalobos se ha caracterizado por lograr una labor muy técnica a cargo de la Dispi, desde 2001, además de algo que los entendidos consideran como fundamental: el silencio. Poco se habla hoy en día de la oficina y de su trabajo.
Con 125 funcionarios, en un edificio ubicado frente al Teatro Municipal, la ANI espera ver su debut en noviembre junto a la realización de la cumbre APEC.
La cifra de empleados es baja, considerando los siete mil funcionarios con que cuenta el servicio de inteligencia argentino, según revelan fuentes de la Dirección de Seguridad Pública.
La ANI fue aprobada por el Congreso el pasado 23 de julio. La entidad reemplazará a la actual Dirección de Seguridad Pública y su labor será recoger y procesar información que le provean los servicios policiales y las Fuerzas Armadas para asesorar a las autoridades superiores del Estado.
El proyecto define inteligencia como el conocimiento útil para asesorar en sus decisiones a los niveles superiores del Estado, con el objetivo de prevenir e informar de riesgos a los intereses nacionales y el logro de los propósitos de seguridad y defensa.
Su control quedará entregado a sus jefes superiores, en lo interno, y a la Contraloría, los tribunales y la Cámara de Diputados. En el caso de esta última se constituirá una comisión ante la cual el jefe de la ANI deberá dar un informe secreto sobre su labor.
La ley que rige la labor de inteligencia
La Agencia Nacional de Inteligencia, creada a partir de la ley 19.974, depende del Presidente de la República a través del Ministerio del Interior y tiene como objetivo la producción de inteligencia para asesorar al titular del Ejecutivo y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado.
Entre sus funciones principales se cuenta la recolección y procesamiento de la información de todos los ámbitos a nivel nacional e internacional, con el fin de producir inteligencia y efectuar apreciaciones globales y sectoriales.
También tiene como función proponer normas y procedimientos de protección de los sistemas de información crítica del Estado.
La Agencia nacional de Inteligencia forma parte del Sistema de Inteligencia del Estado, que además está integrado por la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, las Direcciones de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y las Direcciones de Jefaturas de Inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
Frente a las distintas amenazas, el organismo recién creado debe disponer la aplicación de medidas de inteligencia, con objeto de detectar, neutralizar y contrarrestar las acciones de grupos terroristas, nacionales o internacionales, y de organizaciones criminales transnacionales.
Además le corresponde disponer la aplicación de medidas de contrainteligencia para neutralizar las actividades de inteligencia desarrolladas por grupos nacionales o extranjeros, o sus agentes.
El director sólo podrá ocupar el cargo por un plazo máximo de seis años consecutivos y no podrá ser designado nuevamente antes de tres años.
En el caso de que determinada información sea estrictamente indispensable para el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Inteligencia del Estado, y esta información no pueda ser obtenida por fuentes abiertas, se podrán usar procedimientos especiales.
Entre estos procedimientos se cuenta la intervención de comunicaciones telefónicas, informáticas, radiales y de la correspondencia en cualquiera de sus formas.
También se incluye la intervención de sistemas y redes informáticos y la escucha y grabación electrónica incluyendo la audiovisual.
Durante el primer año de vigencia de la ley que crea la Agencia, publicada en el diario oficial el sábado 2 de octubre, la entidad contará con una dotación máxima de 125 personas.
