Gonzalo Vargas, gerente general de Fundación Paz Ciudadana. Foto:Alex Moreno.
SANTIAGO.- En más de 3 mil casos han aumentado las detenciones de menores de entre 14 a 17 años por el delito de robo con violencia desde 1998, según el informe de "Justicia Juvenil" dado a conocer hoy por la Fundación Paz Ciudadana.
Si en 1998 se detenía a 1.400 jóvenes por el delito de robo con violencia, en 2003 esta cifra crece explosivamente hasta los 4 mil.
Similar tendencia aunque en menor medida han experimentado las aprehensiones por hurto, en el rango de edad de los 14 a 17 años, con un incremento que está por sobre el 400%.
Desde 1998 a 2003 las detenciones de menores de 17 años y mayores de 14 por delitos de mayor connotación social han experimentado un aumento exponencial.
Mientras en 1998 la cifra por este tipo de aprehensiones bordeaba las 10 mil personas, en 2003 este número supera los 22 mil casos.
En cuanto a las detenciones de ciudadanos adultos, el aumento es aún mayor con cifras que incluso triplican a las de 1998. En dicho año 30 mil personas eran detenidas por delitos de mayor connotación social, mientras que en 2003 este número sobrepasó los 115 mil aprehendidos.
Si sólo nos centramos en el año 2003, el análisis de Paz Ciudadana concluye que los menores entre 14 y 17 años, detenidos por delitos de mayor connotación social, fueron en un 47% aprehendidos por hurto, en un 22,5%, por robo con fuerza en las cosas, en un 19%, por robo con violencia, en un 11%, por lesiones, en un 0,3%, por homicidios, y en un 0,2%, por violaciones.
A juicio de la entidad, las principales deficiencias del sistema actual tienen que ver con las medidas de protección y trámite de discernimiento que generan una sensación social de impunidad; la falta de garantías del debido proceso en medidas de protección que se convierten en verdaderas sanciones.
Además la falta de respuesta adecuada para los infractores en relación al hecho, sino en cuanto a su entorno social; la negación a las víctimas de toda participación en el proceso; y la falta de responsabilidad e interrupción temprana de carreras delictivas por medio de una intervención adecuada.
En ese sentido, se señala que "no existe un sistema de justicia especializado para jóvenes infractores de ley que asegure la responsabilización y reinserción de los adolescentes, como tampoco un sistema de información integrado que permita contar con los datos necesarios para una adecuada construcción del sistema".
