SANTIAGO.- Desde que el trámite de las posesiones afectivas se trasladó desde los Tribunales de Justicia al Servicio de Registro Civil e Identificación, se han recibido más de 25 mil solicitudes en todas las oficinas del país.
Así lo informó hoy el ministro de Justicia, Luis Bates, al participar junto al director nacional (s) del la entidad, Luis Fuentes, y la directora de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, Paula Correa, en una ceremonia de entrega de más de 120 certificados de posesiones afectivas de vecinos y vecinas de la región.
De ellas, más de 14 mil posesiones inscritas ya han sido inscritas en todo el país, y cinco mil 630 corresponden a posesiones efectivas inscritas en la Región Metropolitana.
El trámite, que descongestiona los juzgados, simplifica el proceso y disminuye los costos y tiempos de tramitación, puede realizarse en cualquiera de las 432 oficinas del Registro Civil e Identificación en todo el país, a través de un procedimiento simple que consiste en llenar un formulario único, entregando los datos del causante, los datos personales del solicitante y los datos de los demás herederos, junto con un inventario valorado de los bienes que componen la herencia.
Consultando los registros que lleva el servicio puede determinarse con mayor precisión los herederos, incluyendo a aquellos que no hayan sido mencionados en la respectiva solicitud. Con ello disminuirán la omisión o inclusión errónea de herederos y los conflictos judiciales posteriores, los cuales, en caso de incurrir, deberán resolverse por vía judicial.
La nueva ley surgió al constatar que más del 50% de las regularizaciones de la propiedad raíz, que efectuaba anualmente el Ministerio de Bienes Nacionales, correspondía a herencias intestadas cuyas posesiones afectivas no se habían realizado por largo tiempo.
En el período 1990-2003 esa cartera regularizó más de 234 mil títulos de dominio a los largo del país. Con ello las familias beneficiadas se incorporaron el régimen de propiedad inscrita y saneada, contribuyendo a la estabilidad legal y al desarrollo económico y social del país.
