SANTIAGO.- El descontento de las organizaciones de derechos humanos con el Consejo de Defensa del Estado (CDE) llegó a la justicia, puesto que esta mañana las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos presentaron una querella en contra de la presidenta del organismo estatal, Clara Szczaranski, a quien acusan del delito de abuso contra particulares.
La acción legal se materializó en el Quinto Juzgado del Crimen, pasadas las 11 de la mañana, hasta donde llegaron dirigentes de los organismos acompañados por los abogados de derechos humanos Julia Urquieta y Hugo Gutiérrez.
La medida tiene por objeto hacer una fuerte oposición a la postura del CDE favorable a aplicar la Ley de Amnistía una vez que los acusados de secuestro calificado hayan sido condenados. Dicho planteamiento propone que no se haga efectivo el cumplimiento corporal de la sentencia.
La presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, reiteró que, a su juicio, Szczaranski debiera renunciar en el más breve plazo a su cargo. Además insistió en que el CDE se abstenga de participar en las causas a las violaciones a los derechos humanos en las cuales es parte.
"Finalmente hoy está alegando a favor de los victimarios y en contra de nuestros familiares, las víctimas del terrorismo de estado de 17 años que se instaló en Chile", aseveró Pizarro quien agregó que la presidenta del organismo debe retirarse "porque está haciendo un notable abandono de su deber que es proteger los intereses del estado".
A juicio de las agrupaciones, el postulado del organismo estatal "pone en riesgo del destino del país y la posibilidad de alcanzar la verdad y la justicia que por tantos años han buscado".
Por su parte el abogado Gutiérrez sostuvo que la postura de Szczaranki respecto a la Ley de Amnistía la convierte en "una ideóloga del genocidio. Si esta postura la sostuviera en Europa, sin lugar a dudas sería considerada una delincuente de inspiración al genocidio".
La tesis del CDE, planteada en el marco de la revisión de condena del mirista Miguel Ángel Sandoval, en la Corte Suprema, generó una gran molestia en las agrupaciones de derechos humanos que consideran que con esa postura el consejo no representa a los familiares de las víctimas y que por el contrario se pone del lado de los acusados.
Antes de concretar la querella, la Asamblea Nacional de Derechos Humanos intentó dialogar con el CDE en un encuentro que tuvo lugar el pasado viernes, pero que tras largas horas de debate concluyó incluso con un mayor distanciamiento, situación que derivó en que hoy se presentara la acción legal.
