SANTIAGO.- La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones revisó esta mañana la apelación del ex ministro de Transportes y Obras Públicas, Carlos Cruz, al último procesamiento al que fue sometido por la ministra en visita del caso MOP, Gloria Ana Chevesich.
El ex secretario de Estado, quien enfrenta diversas encargatorias de reo en la causa por irregularidades financieras en el MOP, pretende que el tribunal de alzada deje sin efecto el encausamiento por el delito de exacciones ilegales que dictó la jueza en su contra el 15 de julio pasado.
En esa oportunidad, la magistrada procesó a Cruz por exigir pagos a tres empresas privadas para pagar sobresueldos a un funcionario de la cartera que dirigía.
La resolución, sostenía que el ex ministro, en su calidad de Coordinador General de Concesiones en el período 1996-1998, demandó fondos por nueve millones y medio de pesos para pagar honorarios adicionales al ex jefe de proyectos de esa repartición, Álvaro González.
Dicho sobresueldo se pagó a raíz de que González consideró que la remuneración que se le cancelaba por sus labores no era suficiente, situación que comunicó a Cruz, quien estuvo de acuerdo con subirle el sueldo a través del mecanismo por el que fue procesado.
"El agente público que se desempeñaba como Coordinador General de Concesiones (Cruz) accedió a la petición que se le formuló, solicitando a los representantes de tres sociedades consultoras que tenían contratos vigentes con el MOP que procedieran a pagar determinadas sumas de dinero, que se destinarían a satisfacer la demanda de aumento de remuneración".
Los pagos constan en boletas de las firmas Ficor ($3.888.889), Concerta ($2.333.000), y Gesys ($3.333.333), a nombre de González, quien no fue procesado.
Dicha resolución fue analizada por los ministros Cornelio Villarroel, Juan Eduardo Fuentes el abogado Ángel Cruchaga, quienes escucharon los alegatos del abogado Gonzalo Insunza en defensa de Cruz, y Helmut Griott por los querellantes.
Se presume que el tribunal dejará en acuerdo la resolución.
El ministro Cruz enfrenta siete encargatorias de reo desde que comenzó el caso MOP. La primera de ellas fue dictada el 9 de enero de 2003 por el ministro en visita Carlos Aránguiz, en Rancagua, por el delito de fraude al fisco por 311 millones de pesos, por un convenio entre el MOP y la consultora GATE.
Los otros procesamientos, dictados por la ministra Chevesich y el juez del Séptimo Juzgado del Crimen, Alejandro Rivera, también son por fraude al fisco y estafa.
En el penúltimo encausamiento, del 23 de abril pasado, la jueza acusó a Cruz de haber falsificado un contrato con la consultora Gesys de su amigo Raúl Herrera para desviar $36 millones de pesos desde el ministerio, presuntamente a campañas políticas.
