| Pinochet y los desafueros |
Desde su regreso a Chile desde Londres, en 2000, Pinochet ha enfrentado cuatro solicitudes de desafuero.
La primera fue en el marco del caso Caravana de la Muerte, causa en la que la Corte de Apelaciones lo desaforó por 13 votos contra 9. Tras ello, el ex gobernante fue procesado, pero en julio de 2002 la Sala Penal del Máximo Tribunal lo sobreseyó por razones de salud.
También por el caso Prats, el tribunal de alzada rechazó desaforarlo en septiembre de 2002, por 16 votos contra cinco. En esa oportunidad, la corte arguyó razones de salud para su negativa.
El mismo argumento fue utilizado en agosto de 2003, cuando la Corte rechazó por 16 votos contra 7, la solicitud de desafuero de Pinochet en el caso Calle Conferencia. La Suprema, más tarde, declinó revisar el fallo.
En la última solicitud, en el marco del caso Operación Cóndor, el tribunal de Alzada desaforó al retirado militar por 14 votos contra 9, dejando en manos del ministro la decisión sobre el estado de salud. Dicha decisión fue ratificada el 26 de agosto pasado por el Pleno de la Corte Suprema, que se manifestó favorable al desafuero por 9 votos contra 8. |
SANTIAGO.- Por tres horas se extendió esta mañana la sesión en la que el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago analizó la solicitud de desafuero del general (r) Augusto Pinochet elevada por el ministro de fuero Alejandro Solís, quien investiga el asesinato del general (r) Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert.
En la sesión, que se inició a las 09:00 horas con la relación del caso, participaron 23 de los 31 ministros que integran el tribunal de alzada capitalino.
Tras el encuentro los ministros acordaron que el próximo jueves 25 de noviembre se volverán a reunir con el fin de deliberar y eventualmente votar sobre el desafuero. Si así lo hicieran, y si la mayoría de los magistrados están de acuerdo, ese día se podría dar a conocer la resolución.
El tribunal deberá pronunciarse nuevamente sobre el fuero del ex gobernante luego que las hijas del fallecido matrimonio pidieran el 5 de octubre pasado a Solís que investigue la eventual responsabilidad de Pinochet en el asesinato de Prats, ocurrido en Buenos Aires el 30 de septiembre de 2004.
La jornada se inició con la relación de la causa a cargo del relator del pleno Antonio Ulloa. En medio del resumen, los magistrados se tomaron cinco minutos para decidir sobre si veían en conjunto la solicitud hecha por la jueza argentina María Servini de Cubría. Finalmente, los magistrados resolvieron ver solamente el requerimiento del ministro Solís, por lo cual la sesión siguió su curso.
Los alegatos comenzaron cerca de las 10:30 horas con la intervención del
abogado Hernán Quezada, quien sostuvo ante el estrado que "existen sospechas fundadas de la participación de Pinochet en el crimen que a nuestro juicio están debidamente establecidas en el proceso que se instruyó en la República de Argentina tanto como en la que lleva a cabo el ministro Solís en Chile".
Tras Quezada presentó sus argumentos la también querellante
Pamela Pereira, quien recalcó que existe un antecedente suficiente contra Pinochet, "y en virtud de esos antecedentes, y entendiendo que no hay elementos que indiquen que lo afecta alguna incapacidad del punto de vista de su salud mental (...), demuestra lo que siempre nosotros sostuvimos, que Pinochet se encuentra suficientemente cuerdo y que podía responder penalmente a este juicio".
La abogada se mostró esperanzada en que el desafuero se resuelva en forma positiva, y que la Corte determine que Pinochet deba responder a las interrogantes que le formule el ministro Solís.
Tras la intervención de la abogada del Consejo de Defensa del Estado, Irma Soto, se presentó ante los magistrados el abogado
Ambrosio Rodríguez, en representación de la defensa de Pinochet.
En su intervención
el jurista repudió el crimen del general Prats en nombre propio y en nombre de Pinochet y reiteró que el ex gobernante no está en condiciones de enfrentar un proceso judicial debido a su condición de salud.
Al respecto Rodríguez recordó que la norma constitucional obliga a todo órgano que ejerce jurisdicción a que cuando una persona no está en condiciones de enfrentar un proceso, esa situación sea respetada y por ello solicitó que no se acoja el desafuero.
Para acreditar su postura, el jurista entregó a los jueces los informes médicos elaborados por el neurólogo Jorge Tapia Illanes, en el marco del caso Operación Cóndor, "y una gestión que realizó el ministro Sergio Muñoz hace no más de 18 días, con el doctor Tapia en donde expresamente señala que no está en condiciones de comparecer en juicio".
Sobre la situación de Pinochet en la causa que lleva el juez Juan Guzmán, Rodríguez sostuvo que pidieron el sobreseimiento definitivo, el que no fue aceptado por el magistrado, quien tampoco acogió la solicitud de procesamiento que hicieron los querellantes, "de manera que eso efectivamente está pendiente y esperamos que se resuelva pronto, para nosotros, con el sobreseimiento definitivo".
Exhorto de Servini de Cubría
Durante la relación, los magistrados decidieron analizar en forma separada el exhorto de la jueza argentina María Servini de Cubría en el que solicita a la justicia chilena autorización para interrogar en calidad de inculpado al ex gobernante.
Dicho documento fue analizado por la Segunda Sala de la Corte Suprema, instancia que envió los antecedentes a la Corte de Apelaciones debido a que Pinochet tiene fuero.
Por la muerte de Prats, en Chile están procesados como autores de homicidio calificado y asociación ilícita los ex miembros de la DINA Manuel Contreras, Sergio Espinoza, José Zara, Raúl Iturriaga Neumann, Mariana Callejas y Christoph Willike. Jorge Iturriaga Neumann está procesado sólo por homicidio.
La causa fue abierta y encargada al ministro Solís en 2002, luego de que la Corte Suprema rechazara una solicitud de extradición de los miembros de la DINA hecha por la jueza Servini, quien no obstante los procesó en ausencia en su país.
En Argentina cumple cadena perpetua por el crimen el ex agente de la DINA, Enrique Arancibia Clavel.
