SANTIAGO.- El presidente subrogante de la Corte Suprema, ministro Hernán Álvarez, rehusó hoy comentar el informe de la Comisión de Prisión Política y Torturas hecho público ayer por el Presidente Lagos, argumentando que el Máximo Tribunal aún no recibe una copia oficial del documento.
En escuetas declaraciones a la prensa el magistrado sostuvo que el Poder Judicial está a la espera de recibir el informe para hacer un estudio detallado de sus partes.
Antes de que el texto se conociera, el ministro Marcos Libedinsky había sostenido que una vez que los magistrados pudieran conocer los contenidos del informe, evaluarían una posible declaración de la Suprema al respecto.
El informe acusa al Máximo Tribunal de haber abdicado de su facultad, establecida en la Constitución Política vigente al momento del golpe militar, para controlar y supervigilar a los tribunales militares en tiempo de guerra.
"De esta manera, señala el documento, la Corte Suprema se desentendió de faltas y abusos cometidos por los tribunales militares, no sólo en su funcionamiento, sino también en sus resoluciones".
Algunos ministros del máximo tribunal de la época han justificado su acción señalando que no tuvieron ninguna posibilidad de oponerse a lo que ocurría en ese momento en el país. Respecto a las violaciones de los derechos humanos han dicho que ellos recibían las denuncias de las detenciones y al consultar al Ministerio del Interior, éste las negaba.
El informe señala que la actuación de la Corte Suprema "acarreó funestas consecuencias en lo concerniente al respeto de los derechos humanos, pues su exclusión jurisdiccional permitió las más graves violaciones a las personas y a la ley".
A tanto llegó esta exclusión, "que una materia tan especial y habitualmente tan delicada como el discernimiento de los menores de edad para los efectos penales, también fue cedida a los tribunales militares en tiempo de guerra".
