SANTIAGO.- Los partidos políticos de derecha lamentaron el martes la tortura institucionalizada aplicada por el régimen del general Augusto Pinochet, pero rehusaron disculparse por sus servicios a la dictadura.
Jovino Novoa, presidente de la Unión Demócrata Independiente, UDI, ultraderechista, dijo que "tengo claridad absoluta de que en mi participación yo jamás transgredí una norma legal ni ética".
"Lo que nosotros hemos señalado es que reconocemos que pudimos haber hecho más, y en eso hay una responsabilidad por omisión", agregó el líder del mayor partido de la oposición derechista.
Un informe oficial con los testimonios de 28.000 torturados y la afirmación del Presidente Ricardo Lagos de que la tortura constituyó una política de Estado del régimen militar, revivió las acusaciones hacia la oposición derechista por su participación en ese gobierno.
Novoa, a nombre de la UDI, rechazó la política de torturas, pero acusó a sectores del oficialismo de buscar dividendos políticos del tema.
"Nosotros fuimos emplazados por el Partido Socialista y yo respondí que la participación de los civiles...(en el gobierno de Pinochet) contribuyó a mejorar notablemente la situación de los derechos humanos en Chile", agregó el político, que fue Ministro Secretario general de Gobierno de Pinochet.
La UDI dijo que la política de torturas "constituye un crimen inexcusable", pero no pidió perdón porque formó parte del régimen.
La visión de RN
En Renovación Nacional, RN, de centroderecha, el encargado de condenar las flagelaciones fue su presidente, Sergio Diez, quien fue embajador del régimen militar ante la Organización de Naciones Unidas. Diez, una asamblea general de la ONU, negó la existencia de detenidos-desaparecidos en Chile.
Diez dijo que fue engañado y los demás civiles que sirvieron a Pinochet alegan desconocimiento de las torturas y de otros abusos.
Según un informe oficial de 1991, la dictadura dejó 3.065 opositores muertos en manos de agentes de seguridad, de los cuales, poco más de 1.000 figuran como detenidos-desaparecidos.
La UDI sólo reconoció la existencia de los desaparecidos políticos en el 2000, mientras RN lo hizo mucho antes.
Ambas colectividades apoyaron la decisión de Lagos de entregar a los 28.000 torturados una pensión vitalicia mensual equivalente a 190 dólares. Además, tendrán algunos beneficios en materias de salud, vivienda y educación.
El martes se multiplicaron los llamados del oficialismo a la derecha para que pidan perdón.
Aún están pendientes los pronunciamientos de la fuerza aérea y Carabineros. El ejército reconoció la participación institucional en las violaciones a los derechos humanos a comienzos de mes, dos semanas antes de que se difundiera el informe.
La Armada hizo su mea culpa el martes y en un comunicado dijo que "nadie podría desconocer que en Chile se violaron gravemente los derechos humanos".
El Poder Judicial, sindicado como uno de los más culpables de los abusos por dejar hacer a los militares, sigue estudiando el informe para decidir si se pronunciarán colectivamente.
De 9.000 recursos de amparo en favor de detenidos políticos, los tribunales apenas acogieron unos 300.
