Lea el texto
| Áspero debate |
El análisis que ayer hicieron 18 de los 21 ministros que integran el Máximo Tribunal sobre el informe Valech estuvo lejos de ser una tranquila discusión.
Según comentó uno de los supremos el debate fue a lo menos "áspero", lo que se sumó a que algunos magistrados no estuvieron de acuerdo con el bosquejo de declaración que tenía preparado el ministro Hernán Álvarez, antes de que se comenzara a tratar el tema en el encuentro.
Finalmente el texto que se dio a conocer hoy se basa en el borrador de Álvarez, quien trabajó en la redacción final del documento junto a otros tres magistrados. |
SANTIAGO.- La Corte Suprema negó esta mañana que sus miembros hayan sido cómplices o se hayan concertado con quienes cometieron delitos de abusos de los derechos humanos durante el régimen militar, al referirse al Informe Valech, el cual fue analizado y debatido ayer por los ministros.
En una declaración leída en representación de sus pares, el presidente del máximo tribunal, Marcos Libedinsky, sostuvo que los reproches genéricos vertidos en el Informe Valech, en relación con el Poder Judicial
"importan un grave cargo que carece de sustento objetivo en el propio informe y que no es posible aceptar ya que no existen antecedentes fidedignos ni es verosímil sostener que distinguidos magistrados se hayan podido concertar con terceros para permitir detenciones ilegítimas, torturas, secuestros y muertes".
El Informe Valech deja entrever que en el período inmediatamente posterior al 11 de septiembre de 1973, habría existido de parte de los tribunales o de los ministros de la Corte Suprema de la época connivencia (tolerancia o disimulo) con quienes cometieron los excesos y violaciones ya conocidos.
No obstante lo anterior, la declaración reconoce que los jueces y tribunales superiores del país se vieron impedidos de cumplir a cabalidad con sus funciones después del golpe militar, principalmente por los estado de excepción que se decretaban en el país.
Libedinsky también afirmó que las cortes no contaban en esos años con la colaboración de los organismos pertinentes y que éstos ocultaban información cuando los magistrados solicitaban antecedentes ante la presentación de recursos por la desaparición o detención de personas.
"Se ha dicho antes y lo reiteramos una vez más, que frente a las repetidas denuncias de detenciones ilegales, desapariciones de personas, etc., los juzgados y las cortes no contaron con la cooperación efectiva de los organismos o autoridades correspondientes y en la generalidad de los casos se ocultó información o no se proporcionaron los antecedentes fidedignos que se requerían para el debido ejercicio de la función jurisdiccional", sostiene el documento.
Reconocimiento por las víctimas
En el segundo punto de la declaración, la Suprema sostiene que "sin prejuicio de que en su carácter de jueces de derecho y en el desempeño de su función jurisdiccional en su oportunidad si correspondiere puedan adquirir sus propias convicciones de orden jurídico respecto de tales hechos,
consideran que no es posible sustraerse de la gravedad de esos sucesos y sus dolorosas secuelas, y deja sus constancia pública de su consternación ante dichas situaciones, que se suman a otras que el poder judicial ha podido conocer, juzgar y sancionar en éstos últimos años".
Más adelante, el texto señala que la Corte Suprema comprende y lamenta de las personas que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar y "reafirma la disposición y voluntad de sus integrantes de seguir cumpliendo en la mejor forma posible todas sus funciones jurisdiccionales y conservadoras de los derechos fundamentales de los individuos y hace explícito el compromiso permanente de continuar aplicando sus mejores esfuerzos al servicio de la comunidad, en el marco de sus atribuciones".
El pronunciamiento de dos páginas de oficio fue leído, pasadas las 13:00 horas, por Libedinsky en la sala de pleno de la Corte Suprema, ubicada en el segundo piso del Palacio de Tribunales.
Tras ello, el presidente del máximo tribunal se retiró de la sala sin contestar preguntas de la prensa.
Libedinsky presidió esta mañana un Pleno ordinario de los días viernes en el que 17 de los 21 magistrados que integran la Suprema afinaron los detalles del texto entregado hoy.
El pronunciamiento de la Suprema se produce justo cuando mundialmente se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, fecha elegida por la coordinadora de ex presos políticos para entregar al presidente del máximo tribunal, una copia del documento "Nosotros los sobrevivientes acusamos", en el que además de especificarse las torturas que se cometieron durante el régimen militar, se entregan los nombres de quienes las ejecutaron.
Lo que dice el Informe Valech
Tras recibir el testimonio de 30 mil personas, el Informe de Prisión Política y Tortura, concluyó que a partir del 11 de Septiembre de 1973 y hasta finales de la década de 1980, fueron sistemáticamente víctimas de torturas en el país cerca 28 mil personas, por parte de agentes del Estado y que un 60% por ciento de la totalidad de esos excesos se perpetraron en los primeros meses que siguieron a septiembre de 1973.
Sobre la Corte Suprema, el documento acusa en uno de sus acápites al máximo tribunal de haber abdicado de su facultad, establecida en la Constitución Política vigente al momento del golpe militar, para controlar y supervigilar a los tribunales militares en tiempo de guerra.
"De esta manera la Corte Suprema se desentendió de faltas y abusos cometidos por los tribunales militares, no sólo en su funcionamiento, sino también en sus resoluciones", señala el documento.
El informe añade que la actuación de la Corte Suprema "acarreó funestas consecuencias en lo concerniente al respeto de los derechos humanos, pues su exclusión jurisdiccional permitió las más graves violaciones a las personas y a la ley".
