Diego Simpertigue, máximo dirigente de los magistrados.
CONCEPCIÓN.- El presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Diego Simpertigue, realizó una fuerte crítica, con mea culpa incluido, a la actuación de los jueces durante el gobierno militar, en la primera reacción de la agrupación respecto del informe Valech sobre la tortura.
"Es evidente que no se concedió a los hechos denunciados la gravedad que tenían y no se les prestó la atención ético jurídica que merecían. Así las cosas, la actuación de los jueces es preciso analizarla caso a caso", declaró.
Simpertigue, a través de un comunicado, dijo que hubo ciertos jueces que "debieron intervenir, pudiendo hacerlo, en las causas en que se denunciaron violaciones a los derechos humanos. Su actuación, enmarcada en el ámbito de la información oficial de la época, resultó insuficiente".
El magistrado declaró que dicha actuación, en cambio, "debió ser eficaz para impedir y sancionar los excesos que se cometieron en ese ámbito, considerando que otros jueces realizaron indagaciones sobre la base de antecedentes o información no oficial que les fue entregada en los procesos que les tocó sustanciar".
Riesgo de magistrados
De la misma forma en que criticó el accionar de algunos magistrados durante esa época, Simpertigue afirmó que "un cierto número de jueces tuvieron una acción digna de reconocimiento en defensa del derecho de las personas, que puso en riesgo, dado el contexto histórico, no sólo su carrera funcionaria, sino también su integridad, la familia y seres queridos, sin perjuicio de que en otros casos no pudieron, a pesar de su esfuerzo, obtener ninguna información útil para resolver la causa que conocían".
La declaración responde a un pronunciamiento unámine de la directiva de la Asociación Nacional de Magistrados.
Una vez terminada la lectura del texto en la Corte de Apelaciones de Concepción, el presidente de la agrupación se negó a contestar preguntas.
Diferencia con la Corte Suprema
La declaración realizada por los magistrados se distancia de la postura asumida por la Corte Suprema el viernes pasado en relación con el informe Valech.
En esa ocasión, la Suprema, junto con manifestar su "consternación" por las torturas que sufrieron 28 mil chilenos, rechazó que sus miembros hayan sido cómplices o se hayan concertado con quienes cometieron delitos en contra de los derechos humanos durante el régimen militar.
En una declaración pública que leyó su presidente, Marcos Libedinsky, los integrantes del máximo tribunal desestimaron los "reproches genéricos" vertidos en dicho informe en relación con el Poder Judicial, al expresar que "importan un grave cargo que carece de sustento objetivo en el propio informe", que no es posible aceptar, ya que "no existen antecedentes fidedignos ni es verosímil sostener que distinguidos magistrados se hayan podido concertar con terceros para permitir detenciones ilegítimas, torturas, secuestros y muertes".
