SANTIAGO.- La defensa del general (r) Augusto Pinochet calificó como "contrario a derecho, abusivo e injustificado" el auto de procesamiento y la orden de detención que dictó ayer en contra del ex gobernante el ministro de fuero, Juan Guzmán Tapia, en el marco del caso Operación Cóndor.
Así lo hicieron saber a través del recurso de amparo presentado ante la Corte de Apelaciones, que deberá ser analizado por la Cuarta Sala probablemente el jueves próximo.
El texto, de siete páginas de extensión, se refiere a la decisión del juez Guzmán de decretar la realización de nuevos exámenes médicos al retirado militar, cuyos resultados coincidieron con los que se le practicaron anteriormente en Londres y Santiago.
No obstante, el amparo recalca que "la dolencia que afecta al imputado se agravó, atendida la gravedad del paciente (hoy 89 años) y a otras dolencias crónicas que sufre y el carácter irreversible de las mismas".
El recurso enfatiza que pese a que "el general Pinochet no puede ser sujeto idóneo para sostener una relación procesal penal como lo estableció la excelentísima Corte Suprema hace más de dos años, el ministro de fuero decidió someterlo a proceso por un delito de homicidio calificado y nueve secuestros continuados, hechos en los cuales no le cupo participación alguna y que sólo viene a enterarse con ocasión de la substanciación en este proceso."
La presentación prosigue sosteniendo que el pronunciamiento de Guzmán es "tan evidentemente errado, injusto e ilegal" que "el ministro instructor, con ocasión de la declaración indagatoria que practicó, debió reducir las preguntas que quería formularle, atendiendo el evidente deterioro de la salud del amparado".
Por ello, la defensa del es senador vitalicio considera que la encargatoria de reo fue adoptada por un tribunal que "en estricto derecho carece de jurisdicción respecto del general Pinochet, habida consideración de que éste no puede ser sujeto idóneo para sostener una relación procesal válida por hallarse afectada su capacidad procesal de ejercicio, como lo determinó la Excma. Corte Suprema".
"Se ha vulnerado con esta decisión una garantía constitucional, lo prescrito en la ley procesal y los tratados internacionales antes citados en el mismo proceso y por el mismo tribunal", asevera el escrito.
Los abogados critican además que el magistrado haya prescindido de lo que dictaminaron los peritos designados por el tribunal, de "los numerosos exámenes médicos acumulados en el proceso, las características de una afección incurable y progresiva, y la calificación que el estado de salud del inculpado hizo el tribunal supremo hace dos años y medio hay una distancia insalvable".
"La incapacidad procesal de ejercicio en el caso que nos ocupa es una cuestión científica que escapa al conocimiento ordinario de los jueces y que está determinada por especialistas", precisa el recurso.
