SANTIAGO.- El Presidente del Senado, Hernán Larraín (UDI), junto a los senadores Andrés Chadwick (UDI), Andrés Zaldívar (DC), Alberto Espina (RN) y José Antonio Viera Gallo (PS), presentaron un proyecto de reforma constitucional que busca terminar con la inviolabilidad parlamentaria y modificar el fuero de los legisladores.
La iniciativa responde al debate político generado en los últimos días a raíz de las acusaciones del renunciado Presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Lorenzini, contra el ex ministro de Obras Públicas, Javier Etcheberry, durante una sesión de diciembre pasado.
"No hay justificación alguna para que los parlamentarios tengan privilegios que no guarden directa relación con el cumplimiento de su trabajo. Una inmunidad que le signifique poder injuriar o calumniar a cualquier otro ciudadano no forma parte del rol legislativo", afirmó Larraín.
Agregó que "en consecuencia, pensamos que esa inviolabilidad que hoy día tienen los parlamentarios no tiene explicación ni se justifica ya un día más".
A su juicio, quienes abusan de esta prerrogativa "al final dejan en la indefensión a las personas que pueden ser injuriadas o calumniadas. Por lo tanto, este privilegio parlamentario, la inmunidad de carácter penal para decir al interior de la Corporación cualquier cosa, debe terminar".
En relación al otro privilegio parlamentario vigente, el fuero, la moción de reforma propone cambiar en forma drástica su naturaleza y adecuarlo a la reforma procesal penal en marcha. "Proponemos mantener la existencia del fuero sólo para materias penales en aquellos casos que permitan tomar decisiones respecto de un parlamentario, como puede ser la privación de su libertad, con autorización de la Corte de Apelaciones respectiva".
De esta forma, los parlamentarios podrán ser objeto de desafuero sólo si lo autoriza la corte respectiva y ante la aplicación de medidas cautelares que le puedan impedir el ejercicio de su función parlamentaria. "Aquí el privilegio es sólo para asegurar que el juicio sea consistente y que no haya un abuso de la ciudadanía por el hecho de tratarse de una persona pública", apuntó.
Consultado si el debate generado por las acusaciones del diputado Lorenzini confirman la necesidad de eliminar ambas prerrogativas, el Senador Larraín estimó que sería de mal gusto opinar sobre la otra rama del Parlamento.
