VALPARAÍSO.- Luego de un acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo, representado por el ministro del Interior (s), Jorge Correa Sutil, el presidente de la comisión de Defensa, senador Sergio Fernández (UDI) y el senador Alberto Espina (RN), el Senado despachó íntegramente, por amplia mayoría, el proyecto sobre control de armas.
El acuerdo contempla la situación en que quedan las armas de personas fallecidas y la causal que impide inscribirlas a quienes hayan sido condenados por un delito.
De esta forma, se aprobó que "en caso de fallecimiento de un poseedor de un arma inscrita, el heredero o la persona que tenga la custodia de ésta, deberá comunicar a la autoridad contralora la circunstancia del fallecimiento, y tendrá la posesión provisora de dicha arma, hasta que sea adjudicada, cedida o transferida a otra que cumpla con los requisitos para inscribirla a su nombre".
Si la adjudicación no se efectúa dentro del plazo de 90 días a partir de la fecha del fallecimiento, el poseedor tendrá la obligación de entregar el arma a una comandancia de guarnición de las Fuerzas Armadas, comisaría, subcomisaría o tenencia de carabineros de Chile. Quienes no cumplan con esta norma, serán sancionados con una multa de entre 5 a 10 UTM.
Sin derecho a inscribir armas
La segunda indicación del ejecutivo a la norma fue sobre la imposibilidad de que alguien que haya sido condenado por un delito, pueda inscribir un arma, lo cual fue aprobado con 26 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención.
La única posibilidad para que alguien que fue condenado inscriba un arma será bajo la aprobación del subsecretario de Guerra previo informe del Director General de Movilización Nacional.
Al respecto, el senador Espina dijo, "nos parece que esta solución es correcta, permite resolver los casos ya mencionados y mantiene una norma que las armas no estén en manos de personas que han sido condenadas por algún delito".
Por el contrario, la senadora Carmen Frei (DC), manifestó su desacuerdo con la propuesta del Ejecutivo y señaló que el último párrafo está demás, pues transforma la ley en un reglamento y las leyes no pueden serlo.
