RANCAGUA.- Una acusación constitucional contra el intendente y autoridades de salud de la Sexta Región, impulsaría en los próximos días la bancada de parlamentarios de la UDI encabezada por el diputado Alejandro García Huidobro.
Según los legisladores, funcionarios públicos habrían incurrido en una falta grave al ocultar información respecto a la contaminación del agua potable en Rancagua, Pichilemu, Machalí y Boca de Rapel, informó Radio Digital FM.
García Huidobro hizo referencia a una nota enviada por el Seremi de salud de la
Sexta Región, doctor Sergio Zamorano, el que informa que "al efectuar un análisis de los resultados de calidad de agua potable, enviados por ESSBIO, en lo referente a los requisitos químicos, entre los años 2002 al 2004, se constata que en el servicio de Boca de Rapel hubo excedencias en PH, en los años 2002 y 2003; en Pichilemu, excedencias de fierro, PH y manganeso, situación que motivó un inicio de dos sumarios sanitarios por parte de esta autoridad, por muestras no conforme de los requisitos químicos indicados en la normativa.
Existió presencia de elementos como el PH y fierro por sobre la norma en los servicios urbanos de Rancagua y Machali, en los años 2002 y 2003, no registrándose excedencias químicas en el 2004".
Frente a esto, el diputado Huidobro dijo que "ellos recién vienen a dar a conocer estos análisis porque fueron solicitados por la Cámara. Durante la temporada estival del 2002 y 2003 las aguas de ESBBIO estuvieron contaminadas en Pichilemu y no le avisaron a nadie. Claramente, pudo haber ocultamiento de la información".
"Eso es grave, e iniciaremos las investigaciones pertinentes. La gente, muchas personas ese verano no tenían conocimiento de que las aguas estaban contaminadas. Nadie sabía de los sumarios, ni tampoco, de sus resultados", se informó a través de Digital FM.
El diputado de la UDI por Rancagua había denunciado en noviembre pasado la presencia de material fecal en el agua potable de Rancagua, lo que aún no ha sido investigado por los organismos pertinentes. "Es aquí donde el servicio de salud tiene mucho que decir. Parece que sus funcionarios eran los regalones de esta empresa sanitaria. Aquí nadie fiscaliza, y cuando lo hacen, la información no se encuentra", agregó el parlamentario.
"El servicio de salud no ha fiscalizado, y eso es grave. Estamos estudiando la posible acusación constitucional contra las autoridades de esta región, que van desde el intendente hasta quienes dirigen el servicio de salud, por atentar contra la salud de las personas y cometer una grave negligencia al no fiscalizar las aguas", expresó Huidobro.
El parlamentario exigió al servicio de salud de la región la entrega inmediata de los índices de medición del agua potable que debe realizar ese organismo mensualmente, ya que hasta el momento existe una negativa a proporcionar dicha información.
