SANTIAGO.- El secretario ministerial de Educación de la Región Metropolitana, Alejandro Traverso, informó hoy que las principales sospechosos de la filtración de la prueba Simce del año pasado serán sancionadas con la destitución y la censura respectivamente, luego que finalizara el sumario administrativo realizado por dicha cartera.
Según indicó Traverso, el fiscal a cargo del caso, Ramón Jara, concluyó que una supervisora del Ministerio de Educación a cargo de supervisar la prueba en la comuna de Lo Prado fue la que realizó las filtraciones del test y por lo tanto, se determinó la destitución de su cargo.
En tanto la supervisora del colegio San Agustín en Cerrillos será censurada y en su hoja de vida se anotará una sanción, lo que le hará perder puntos una vez que sea evaluada su gestión.
Asimismo, se determinó que existe una relación familiar entre la directora del colegio de Cerrillos , Ester Manzo, acusada de entregar "torpedos" a sus alumnos, y una funcionaria del Ministerio de Educación que estaba a cargo de supervisar la prueba en Lo Prado.
Una de las hijas de la funcionaria munisterial se desempeñaba como profesora de la escuela San Agustín, y asimismo, dicha persona tuvo bajo su directa responsabilidad en calidad de examinadores a dos hijas de la directora de ese colegio, al pololo de una de ellas y a dos hijas propias.
Por otra parte se comprobó que en la sede de Lo Prado faltaban sellos de pruebas en dos cajas y que una prueba -presumiblemente de lenguaje- estaba con el sello abierto.
Además, cinco examinadores de ambas comunas fueron mal evaluados debido al grave incumplimieto de las obligaciones que el contrato les imponía y por ese motivo no se les cancelerán sus honorarios.
El seremi de Educación no logra entender la actitud negligente de estas personas y aseguró que quienes estaban a cargo de los exámenes Simce "no estaban preocupados de lo que estaba sucediendo al interior de las aulas", porque "es entendible que un alumno copie, pero si todo el curso lo está haciendo algo extraño está pasando".
Traverso aclaró que aún no se establece la sanción definitiva para el colegio San Agustín, por lo que no está claro si será o no cerrado. La decisión se dará a conocer en marzo o abril, pero el funcionario recomendó a los apoderados de la escuela que buscaran otra institución educacional para sus hijos, ya que San Agustín es "fraudulento".
Las funcionarias sancionadas tienen un plazo de 5 días para apelar a la medida tomada por el Ministerio.
