SANTIAGO.- Un enérgico rechazo formuló hoy el Partido Demócrata Cristiano a la decisión de la Comisión Europea (CE) de aplicar salvaguardias a las exportaciones de salmón provenientes de Noruega, Chile y las Islas Faroe, por considerar la medida una violación al reciente Acuerdo de Asociación suscrito entre el bloque con nuestro país.
De acuerdo a antecedentes, la CE decidió la salvaguardia con el fin de estabilizar la precaria situación en el mercado, la que se caracteriza por los bajos precios y las graves pérdidas, poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo de Escocia e Irlanda.
Ante esta situación, el presidente de la colectividad, senador Adolfo Zaldívar, manifestó que la decisión de la CE "afecta a una industria dinámica que emplea en forma directa a más de 39 mil chilenos y con embarques a Europa de más 25 mil toneladas al año en condiciones rentables y sobre nuestros costos de producción".
Explicó que Chile es claramente hoy uno de los principales países productores de salmón en el mundo y los embarques nacionales de salmón representan una de las principales exportaciones no tradicionales.
"Las salvaguardias impuestas son el último recurso para limitar la competencia en un mercado en que participan productores europeos, noruegos y chilenos. Afectan nuestros actuales envíos y limitan nuestra legítima capacidad de crecimiento en Europa", sostuvo Zaldívar.
Agregó que el país "ha sido víctima de una medida proteccionista cuyo principal destinatario no somos nosotros, sino los noruegos y destinada a proteger a productores irlandeses y escoceses que tienen costos de producción sustancialmente superiores a los nuestros".
Zaldívar señaló que las medidas no cumplen los requisitos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para imponerlas, "son claramente discriminatorias al establecer cuotas diferenciadas y dirigidas a limitar la libre competencia en favor de productores europeos que insólitamente han visto crecer su participación en los últimos años".
En este contexto llamó al Gobierno a hacer efectivo su decisión de recurrir a la OMC para defender los intereses nacionales afectados e insistió en la necesidad de emplear todos los conductos diplomáticos que permitan a los países miembros revertir esta decisión ante el Consejo de Ministros de la Unión Europea y demostrar que esta medida no cuenta con la mayoría calificada requerida para decisiones de esta especie.
