Abogado Eduardo Contreras
SANTIAGO.- Los abogados de Derechos Humanos, Eduardo Contreras y Jorge Insunza, solicitaron hoy el desafuero del senador UDI Sergio Fernández por su eventual responsabilidad como cómplice y encubridor de secuestros y desapariciones cometidas durante el gobierno militar.
Dicha petición, extendida al ministro Juan Guzmán, se configura luego que Guzmán procesara a los ex ministros del Interior general (r) de Ejército César Raúl Benavides y general (j) de la FACh en retiro Enrique Montero Marx, como cómplices de secuestro calificado por la Operación Cóndor bajo la tesis de que por su cargo no podían desconocer las detenciones ilegales.
Respecto de la responsabilidad que le cabe al parlamentario, Insunza sostuvo que "en estos casos hay hechos en los cuales Fernández tenía absoluta autoridad sobre los servicios de inteligencia".
Fernández se desempeñó como ministro del Interior durante el gobierno de Augusto Pinochet entre los años 1978 y 1982.
Según el abogado, la Iglesia Católica, encabezada por el Cardenal Silva Henríquez, puso en manos de Fernández 488 casos fundados para que se hicieran las averiguaciones correspondientes, pero "nunca hubo respuesta".
Agregó que la responsabilidad penal de Fernández no tiene posibilidad de ser evadida, y dijo también que el senador había reconocido que Villa Grimaldi nunca existió como sede de detención.
Para el abogado Contreras, el senador UDI debe asumir responsabilidad penal, así como las demás autoridades del gobierno militar.
Sobre las críticas al procesamiento del juez Juan Guzmán dijo que no hay actos inconstitucionales y que su actuar se basa fundamentalmente en la ley.
Finalmente agregó que no hay persecución política por parte de los abogados, "ya que los responsables del gobierno militar deben pagar por sus culpas". El abogado sostuvo que "deberán caer los que tiene que hacerlo".
Fernández asume responsabilidad política
El senador Sergio Fernández leyó ayer una declaración pública en la que enfatizó que "asumo toda la responsabilidad que me corresponde políticamente mientras fui ministro del Interior".
El parlamentario UDI por Punta Arenas defendió su gestión como titular de Interior del gobierno de Pinochet entre 1978 y 1982 y aseguró que los delitos relacionados con la Operación Cóndor "ocurrieron en una época en que yo no era ministro".
Señaló que no sólo respondía por los actos políticos "que yo ejecuté, sino también de todos los ministros que me acompañaron en el gabinete y de todos los subrecretarios, como asimismo de los colaboradores bajo mi dependencia".
Fernández enfatizó que durante el periodo en que él se desempeñó como ministro "todos mis actos se ajustaron estrictamente a la legalidad, con expresa prioridad del establecimiento de una nueva institucionalidad, lo que se logró y permitió el retorno a la democracia y el desarrollo del país".
Agrega que "como siempre, estoy plenamente dispuesto a colaborar con la acción de los tribunales y contribuir así al esclarecimiento de hechos muy dolorosos que vivió el país". Sin embargo, realizó un llamado a que "no se utilice a los tribunales como instrumento distinto del que es su función constitucional propia y, por tanto, no se los convierta en campo de batalla política y fuente de publicidad para ciertos grupos".
Agregó que durante su labor como jefe de gabinete el ministerio tuvo una función meramente política, ya que "el ministerio del Interior no tenía las facultades ni las posibilidades de cumplir con las funciones de seguridad pública", porque esta "estaba a cargo de los jefes de zonas de estado de emergencia".
